Las diputadas y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura emprendieron reformas para establecer la obligación del Estado de garantizar la educación en todos sus tipos y niveles, desde la inicial hasta la superior.

 En periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones, hicieron cambios constitucionales, expidieron nuevas leyes y modificaron normas existentes, para fortalecer este derecho.

Las reformas a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2019, permiten que la educación sea garantizada plenamente por el Estado mexicano, y se respete el derecho de niñas, niños, jóvenes y adolescentes a su inclusión al Sistema Educativo Nacional desde la enseñanza inicial hasta la superior.

Estipulan que corresponde al Estado la rectoría de la educación. Crea el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en su función docente, directiva o de supervisión y determina que el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales.

Precisan las materias de los planes y programas de estudio. Crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa y presupuestaria, no sectorizado, con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano.

Los cambios aprobados el 8 de mayo de 2019 también contemplaron que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, y faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, General de Educación Superior y General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Como parte de la legislación secundaria a las reformas constitucionales, el 30 de septiembre de 2019 entró en vigor la Ley General de Educación, con la cual se abrogó la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para garantizar el derecho a la educación, reconocido en el Artículo 3º de la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Regula la enseñanza que imparte el Estado –Federación, estados, Ciudad de México y municipios–, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. La considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.

Contempla la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes. Fue avalada el 19 de septiembre de 2019.

En el Diario Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 2019 se publicó el decreto que creó la Ley Reglamentaria del Artículo 3° de la Constitución Política, en materia de Mejora Continua de la Educación, la cual es de observancia general para toda la República y sus disposiciones de orden público e interés social.

Regula el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y al organismo que lo coordina, denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en sus respectivos ámbitos de competencia, interpretar esta ley para efectos administrativos. Se aprobó el 19 de septiembre de 2019.