El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, crticó este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por invalidar su decreto para blindar los “proyectos prioritarios” al considerarlos como de “seguridad nacional e interés público”.

“El Poder Judicial, en particular la Suprema Corte, están al servicio de la minoría, ellos no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso, no les importa. Existe un divorcio completo entre este aparato, que simula impartir justicia, y las necesidades de la mayoría de los mexicanos”, dijo en su rueda de prensa diaria al ser preguntado por la invalidación del decreto.

El pasado lunes, el voto a favor de seis de los once ministros del pleno de la SCJN dieron efectos generales a la invalidez, después de una controversia constitucional emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que alegó que impedía el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

López Obrador aseguró que ya sabía que el Supremo mexicano trataría de frenar la construcción de las obras estratégicas de su administración, como el Tren Maya o el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y denunció que todos los amparos están siendo presentados por un grupo de abogados vinculados a los magistrados.

“Existe una asociación de abogados con estas características que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo, desde la construcción del Aeropuerto (Internacional) Felipe Ángeles (AIFA)”, alertó.

Este grupo, que aseguró que emplea el nombre de Litigio Estratégico, estaría formado por el exministro de la SCJN José Ramón Cossío, quien se ha posicionado en contra de muchas de las medidas de López Obrador; el exsecretario de Gobernación bajo el mandato del presidente Felipe Calderón (2006-2012) Fernando Gómez-Mont y varios abogados, entre los que citó a Miguel Carbonell y Gerardo Carrasco.

“Su especialidad es el tráfico de influencias (…). Este grupo influye mucho en la (Suprema) Corte. Y los que están en la Corte vienen de la época en que no se entendía que los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos”, indicó.

Por eso, reiteró, emitió otro decreto para declarar “de seguridad nacional y de interés público” el Tren Maya, el corredor del Istmo y tres aeropuertos, entre otros espacios.

El decreto de López Obrador se produjo en respuesta a la SCJN, que antes había invalidado su primer acuerdo que reservaba información e impedía cualquier obstrucción legal para frenar las obras.