El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó el año con una aceleración de su política de militarización tras desplegar más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional en el metro capitalino, nombrar a un militar como subsecretario de Seguridad y el operativo para detener al hijo del “Chapo” Guzmán.

La última concesión a las Fuerzas Armadas ocurrió el lunes, cuando el mandatario nombró al militar y excomandante de la Guardia NacioNal Luis Rodríguez Bucio como nuevo subsecretario de Seguridad Pública, un cargo civil.

Esto se suma al despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en el metro de Ciudad de México y al operativo militar para capturar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, que dejó al menos 29 muertos.

Todo ello, expusieron expertos consultados por EFE, forma parte de una estrategia política que busca dar apariencia de seguridad, pero con riesgos.

“La militarización ha sido el signo característico de este Gobierno, como lo fue de los anteriores. En este se ha fortalecido e institucionalizado el proceso de militarización incluso a través de las vías normativas, con la aprobación de la legislación de la Guardia Nacional con una suerte de traición”, dijo Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI).

Olivares se refirió a la reforma legal del pasado año que permitió que la Guardia Nacional, creada en 2019 como un cuerpo civil, pasase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El abogado y asesor en seguridad Clemente Romero matizó que López Obrador ha “arropado” a las Fuerzas Armadas para “usarlas en su agenda política”.

Durante este sexenio el Ejército ha asumido nuevas responsabilidades, como la construcción y administración de obras públicas -el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)-, el control de puertos y aduanas o el patrullaje de las calles.

MILTARES EN MANDOS CIVILES

El nombramiento de Rodríguez Bucio dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sucedió tras la renuncia de Ricardo Mejía, quien será candidato a gobernador del norteño estado de Coahulia en junio.

La dirección de la Guardia Nacional se mantuvo en manos castrenses con el nombramiento del general David Córdova Campos.

“Eso nos muestra de nuevo la intención de continuar por la vía de la militarización de la seguridad pública”, valoró Olivares.

Además, con estas decisiones México, dijo, “viola todos los estándares internacionales en materia de relación de las Fuerzas Armadas con la seguridad pública” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Romero aseguró que la SSPC está dirigida “de facto” por las corporaciones castrenses, que han minado la influencia de su titular, Rosa Icela Rodríguez.

“(Rodríguez) tiene cada vez menos poder político y capacidad operativa. Toda la política de seguridad del Gobierno ha recaído en las Fuerzas Armadas”, comentó el abogado.

Pero cuestionado por las críticas, López Obrador respondió este viernes que “es otra cantaleta de los conservadores y sus voceros, la mayoría de los medios de información”.

DESPLIEGUE EN EL METRO

El metro de la capital mexicana entró a la polémica tras el choque de dos convoyes este año que terminó en la muerte de una joven de 18 años y un centenar de heridos, y suspensiones de servicio.

Ante ello, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitó desplegar 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en el subterráneo para frenar lo que consideró incidentes “fuera de lo normal”.

“No es necesario porque no hay indicios ni pruebas públicas de que se realicen actos de sabotaje. Parece más una estrategia de comunicación política, porque estas funciones ya las hace la policía de Ciudad de México”, criticó Romero.

Olivares cuestionó la opacidad del despliegue porque se desconocen las tareas específicas de los elementos militarizados y cuánto tiempo estarán.

El pasado lunes un joven fue detenido por la Guardia Nacional por portar una pancarta contra la militarización del metro.

“Esperamos que la presencia de la Guardia Nacional no esté vinculada a una intención de limitar la libertad de expresión y de reunión pacífica, porque sería aún más grave”, deseó la directora de AI.