La liberación de diez presuntos narcomenudistas por parte de un juez del estado de Morelos desató nuevamente el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en medio de acusaciones cruzadas por deficiencias en la lucha contra la delincuencia y la aplicación de la justicia. La resolución judicial fue emitida el lunes, apenas unas […]
La liberación de diez presuntos narcomenudistas por parte de un juez del estado de Morelos desató nuevamente el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en medio de acusaciones cruzadas por deficiencias en la lucha contra la delincuencia y la aplicación de la justicia.
La resolución judicial fue emitida el lunes, apenas unas horas después de que otro juez dejara en libertad a Adrián “N”, alias El Belicón, presunto operador del grupo criminal “Los Mayas”, con presencia en el norte de Cuernavaca y en inmediaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
El secretario de Gobierno estatal, Juan Salgado Brito, expresó su preocupación por estas decisiones, al considerar que socavan los esfuerzos institucionales para combatir al crimen organizado. Aunque evitó acusaciones directas de corrupción, hizo un llamado al Poder Judicial para revisar los procedimientos ante el creciente clima de desconfianza que generan las liberaciones consecutivas.
Los operativos donde se detuvo a las personas liberadas se realizaron en la colonia Modesto Rangel, en Emiliano Zapata, y en Lienzo del Charro, en Cuernavaca. En estos cateos se aseguraron drogas, armas, vehículos con reporte de robo y equipo táctico. No obstante, el juez consideró que existieron irregularidades en las detenciones, motivo por el cual los implicados fueron puestos en libertad.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia, lamentó que resoluciones judiciales contrarias invaliden operativos legales y bien estructurados, y urgió al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Emilio Elizalde Figueroa, a trabajar en criterios homologados entre los jueces, para evitar contradicciones que generan suspicacias.
La fiscalía general del Estado (FGE) anunció que impugnará ambas resoluciones. Reiteró que las detenciones se efectuaron con base en denuncias ciudadanas y órdenes de cateo otorgadas por jueces, lo que –según la dependencia– respalda la legalidad de los procedimientos y justifica la actuación de las autoridades.
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