MADRID — Vivir en España ahora es más caro. Dos de los cinco principales partidos políticos del país proponen una ley de vivienda para hacer frente al problema.

Rentar una casa es 50 por ciento más caro hoy que hace cinco años. Aunque la mayoría de los españoles gana un salario de alrededor de mil euros (1,177 dólares) al mes, encontrar un departamento por menos de 500 euros (589 dólares) en ciudades como Madrid o Barcelona es prácticamente imposible.

Por eso, uno de los acuerdos del gobierno de coalición entre el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y Podemos (partido de extrema izquierda) fue aprobar una nueva ley de vivienda que regule el precio de los alquileres. El actual primer ministro es Pedro Sánchez, del PSOE. Ocupa el cargo desde junio de 2018.

La propuesta es similar a las leyes de los Países Bajos, Alemania, Francia y algunos estados de Estados Unidos. Pero la ley, que originalmente se esperaba fuera aprobada en enero pasado, ha provocado un enfrentamiento entre los dos partidos políticos españoles. No es esta la primera vez que se enfrentan por el tema de la vivienda.

En 2019, la regulación de los alquileres también paralizó la nueva ley de vivienda española, que terminó por cambiar únicamente la duración de los contratos, a cinco años. Estos habían sido reducidos a tres años en 2013, por el gobierno de Mariano Rajoy.

Ahora, los dos partidos vuelven a estar en desacuerdo sobre la forma de regular los alquileres. El conflicto coincide con la salida de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, quien abandona su cargo de vice primer ministro para postularse a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

El punto de discordia: el PSOE quiere recompensar a los propietarios con beneficios fiscales si bajan un 10 por ciento el precio de alquiler de las viviendas, en tanto que Podemos quiere que se fijen los precios en las zonas donde la vivienda se ha encarecido en los últimos años.

“El PSOE ha propuesto una especie de subvención pública para aquellos propietarios particulares privados que voluntariamente abaraten los precios de los alquileres”, dice Alejandra Jacinto, abogada experta en vivienda que concurrirá a las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo como candidata independiente con Podemos.

“Es una medida que no cumple el objetivo principal de abaratar los precios de los alquileres, y hasta los técnicos de Hacienda dicen que es ineficaz porque no supone ningún incentivo a los propietarios, ya que les sigue saliendo más rentable mantener los precios altos”.

Jacinto explicó que el modelo de regulación del precio del alquiler propuesto por Podemos es similar al aprobado en Cataluña en 2019. Este consiste en limitar los precios por zonas en función de los precios de los últimos contratos. Pero también dijo que los principales sindicatos de España — la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores — han propuesto otro modelo que consiste en limitar los precios de alquiler por zonas según el salario promedio.

“Se trata de determinar áreas y zonas residenciales y, si el salario medio es de mil euros, que el alquiler no pueda superar el 30 por ciento de esa cantidad”, dijo Jacinto.

“La regulación del alquiler es una gran medida y una manera de mermar la emergencia”, afirma Juanjo Ramón, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), uno de los colectivos civiles que más influencia ha tenido en España a partir de la crisis de vivienda provocada por la crisis económica de 2012.

Sin embargo, según Ramón, la ley de vivienda también debería incluir medidas que no se están discutiendo, pero que su grupo detalló en un proyecto de ley enviado al Congreso en 2018. Esas medidas se centraron en cuatro puntos: rentas accesibles, suspensión de desalojos, más viviendas subsidiadas por el gobierno y garantía de suministros básicos.

“PSOE y Podemos se comprometieron a que, si gobernaban, nos harían caso e impulsarían una ley de vivienda que incluyera lo que pedimos”, explica Ramón. Él apunta como medidas básicas para la nueva ley que se obligue a los grandes tenedores de vivienda a destinar parte de sus propiedades a vivienda de alquiler social, como ya se aprobó en 2019 en Cataluña.

En este punto, Podemos propuso que los grandes propietarios se vean obligados a destinar el 30 por ciento de sus viviendas a unidades de alquiler subvencionadas. También se ha aludido a las viviendas de la Sareb, entidad creada por el Gobierno y los principales bancos españoles en 2012, para comprar las viviendas que entonces estaban en manos de los bancos. Estas viviendas acumulaban una deuda de 35 mil millones de euros (aproximadamente 41 mil millones de dólares)) que ahora forma parte de la deuda pública.

“Somos el país europeo con más vivienda vacía y aún ahora se habla de colaboraciones público–privadas para construir más vivienda, pero lo que necesitamos es usar los pisos de la Sareb”, afirma Ramón.

La Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler afirma que obligar a los propietarios a destinar parte de sus propiedades a alquiler social es “una expropiación” y “va en contra de la confianza que piden inversores nacionales e internacionales”.

La asociación agrupa a grandes empresas inmobiliarias — como Testa Homes-Blackstone, AXA Investment Managers o Aedas Homes — que suman 43,390 viviendas en alquiler. Joan Clos, exalcalde de Barcelona y exministro de Industria entre 2006 y 2008 con el PSOE, es su presidente desde abril de 2020.

Podemos ver las negociaciones estancadas con la regulación del alquiler como el principal punto de fricción. Los resultados de las elecciones al gobierno de Madrid del 4 de mayo podrían impactar en esto y volcar la balanza hacia uno de los partidos.

(Traducido y editado por Gabriela Olmos. Editado por Melanie Slone)

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