Perfiles Políticos por Francisco J. Siller

Lealtad a ciegas para la 4T pretende Andrés Manuel López Obrador, de sus funcionarios. “Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso, para llevar a cabo un proyecto de transformación”.

Así abrió su mañanera del jueves, sin un tema concreto que informar. Solo preguntas y respuestas —las más de ellas a modo— para su lucimiento, como todos los días. Pemex, CFE, la rifa del avión, el Indep o el agua de Chihuahua. Retórica hueca, palabras repetidas todos los días.

Dijo que para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, para hacer justicia. “Lealtad al pueblo, no a mi persona. La lealtad a las personas se convierte, la mayoría de las veces, en abyección, en servilismo. Queremos lealtad al proyecto de transformación”.

Así iba encarrilado brincando de un tema al otro… La sonrisa se desdibujó en el rostro de Andrés Manuel. La notica cayó como balde de agua fría, muy fría… El hombre que presume estar informado de todo, quedo momentáneamente sin palabras…

— Ya hay un proyecto en la Corte, propone el ministro Luis María Aguilar declarar inconstitucional esta consulta para juzgar a los expresidentes. ¿Qué opina?

— Pues que hay que esperarnos, porque también debe de explicarse que no sólo interviene un ministro.

— Claro, este es el proyecto, esta es la propuesta que él hace para votación.

— Este es un proyecto, sí. No sabía yo.

— Acaba de salir la nota.

— ¿A qué hora?

— Hace unos minutitos.

— Ah, pues que oportuno.

— Dice que se afectan los derechos humanos y las garantías para la protección de las personas.

— Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón. Yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el pleno de la Corte resuelva.

—¿Qué les diría a los ministros?

— Pues que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio.

Qué también, aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Consulta Ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo.

Que ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad, que no necesitan leerme el artículo de la Constitución, es el 35, y que ahí se establece que no se deben de violar los derechos humanos. Yo considero que no existe ninguna violación a derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos, porque, en el caso de que se lleven a cabo estos juicios, los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, dándole al implicado las garantías de defensa, de que no se violen sus derechos humanos.

Pero ese es un proyecto, hay que esperar.

— Lo van a someter a votación el 1º de octubre.

— ¿Cuándo?

— El 1º de octubre, entiendo, este proyecto.

— Ah, que bien, porque ya es pronto. ¿Cuándo es 1º de octubre?

— La próxima semana, el jueves.

— Ah, muy bien, ya ahí se va a saber.

Hay proyectos que se aprueban, hay proyectos que no se aprueban y tiene que decidirse por mayoría. Hay que esperar y tener confianza en la Suprema Corte.

Pero adentrémonos en el proyecto del Ministro Luis María Aguilar y en sus puntos medulares del porqué considera que la pregunta del presidente y su consulta son inconstitucionales.

1. Viola los derechos humanos. “La consulta popular no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección”
2. La ciudadanía no debe decidir qué delitos se investigan. Puede y debe denunciarlos, pero no decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública.
3. Fraude a la Constitución. Si el resultado de la consulta ésta fuera que los ciudadanos deciden no investigar, perseguir y sancionar a los expresidentes, se generaría un fraude a la Constitución.
4. Pone en riesgo los derechos de las víctimas. El artículo 17 de la Constitución describe el derecho de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial en beneficio de todas las personas y la reparación del daño a las víctimas. Garantía en riesgo pues habiendo un delito, éste quedaría sin reparación.
5. Perseguir un delito, no requiere de consulta. Las autoridades están obligadas a denunciar cualquier delito y realizar las investigaciones para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido.
6. Contraria a derecho. De resultar un No, tal consulta atentaría  contra los principios y derechos que defiende la Constitución al ordenar a las autoridades competentes a no cumplir con sus obligaciones de investigar, perseguir y sancionar los delitos.
7. En su solicitud, el presidente acusa a los gobiernos del neoliberalismo, de 1988 a 2012, por la pérdida de centenares de miles de vidas y decenas de miles de desapariciones. “Se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía mexicana pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos especialmente odiosos”, se estaría otorgando una amnistía a los mandatarios contra delitos de lesa humanidad que hubieran podido haber cometido.
8. Violaría la presunción de inocencia. Realizar la consulta podría vulnerar la presunción de inocencia de los exmandatarios, quienes antes de saber si son o no culpables, ya habrían sido sometidos al escrutinio público porque la pregunta propone investigar penalmente a los expresidentes.
9. Justicia diferenciada. “No está justificado por qué a unas personas se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras que al resto de las personas no se les da ese mismo tratamiento”.
10. Violaría el debido proceso. La exposición de nombres y acusaciones podrían incluso poner en riesgo el debido proceso y la licitud de las pruebas que en algún momento pudieran utilizarse en la investigación de un delito que hubiera sido cometido por un expresidente.

Habrá que esperar a la sesión del próximo jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ver si esta criterio se mantiene por mayoría de votos, aún cuando con consulta o sin ella, el gobierno de López Obrador tiene la obligación constitucional de investigar y aplicar la ley a rajatabla.

Así es que al final, el perdón a expresidentes podría venir desde Palacio Nacional y no de ese pueblo bueno y sabio del que se presume constantemente en las mañaneras, en las que el presidente se ufana de no ser un hombre negativo y en las que con insistencia dice que el votaría por el No.