El llamado Plan B de la reforma electoral es el paquete de modificaciones a leyes secundarias, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto sucedió ante la negativa de la oposición a una reforma constitucional donde se proponía elegir a los consejeros electorales y magistrados por voto directo de los ciudadanos.

Para el caso del INE, la iniciativa plantea eliminar las figuras de vocal secretario y vocal de organización en la estructura. Además, a nivel distrital suprime los cargos de vocal de organización electoral, vocal de registro federal de electores, vocal de capacitación electoral y educación cívica y vocal secretario. La única figura de este tipo que se mantiene en la estructura es la del Vocal Operativo. Esto significa la desaparición de mil 264 vocalías de las juntas distritales y locales del INE en el país, así como la fusión de una decena de direcciones y unidades de oficinas centrales.

Tal iniciativa también señala que el INE “no puede destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos”. Tampoco puede contratar seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada, o esquemas similares de contratación. Adicionalmente, al ejecutarse los programas, proyectos o actividades que sustentaron el presupuesto del Instituto, se presentarán subejercicios, economías ahorros o remanentes presupuestales. Tales recursos deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación al concluir el ejercicio fiscal.

De la misma forma, el texto señala que “queda prohibido al Instituto realizar erogaciones, reasignaciones o crear nuevos programas o proyectos con cargo a ahorros y economías de su Presupuesto que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos”. Por otra parte, se garantiza el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva. También se garantiza el voto de las personas con discapacidad en estado de postración, además de la posibilidad para connacionales de votar desde el extranjero vía internet.

También se contemplan diversas medidas para proteger los recursos públicos relacionados con el proceso electoral. Por ejemplo, se obliga a los legisladores que pretendan reelegirse a separarse de su cargo con el fin de evitar el uso de recursos públicos en sus campañas electorales. Se obliga al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a las personas funcionarias del INE, entre otras medidas.

Los órganos distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no electoral. Por lo tanto, los titulares despedidos, quienes llegaron al INE por un concurso de conocimientos del Servicio Profesional Electoral, serían mil 200. Estos funcionarios perciben un salario de 43 mil pesos netos.

Otra medida planteada es obligar a los órganos electorales a cumplir el mandato del artículo 127 constitucional. Este ordena que las percepciones salariales de las personas Consejeras Electorales, las personas Magistradas Electorales y la totalidad de servidores públicos tanto del INE como del TEPJF sean inferiores al salario del Presidente de la República.

Respecto a la fusión de diferentes direcciones y unidades, además de la eliminación de la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional, también implica despidos. Con esto, según Morena, se ahorrarían al menos 3 mil 605 millones de pesos. El equivalente a las pensiones de 143 mil adultos mayores o a 52 mil apoyos del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.