De Política Alejandro Álvarez Manilla

En un país donde la violencia contra periodistas sigue cobrando vidas y la libertad de expresión enfrenta desafíos estructurales, la aprobación y aplicación de leyes como las de Puebla y Campeche representan un inquietante retroceso democrático. Ambas entidades, gobernadas por Morena, han impulsado medidas que, aunque presentadas como avances en materia de protección digital, en la práctica se perfilan como mecanismos de censura disfrazados de legalidad.

En Puebla, la recién implementada Ley de Ciberseguridad —denominada por activistas como “Ley Censura”— castiga con cárcel los insultos en redes sociales. Bajo el ambiguo término de “ciberasedio”, se penaliza la emisión de ofensas digitales con hasta tres años de prisión. ¿El problema? La ley no establece con claridad qué constituye una ofensa, dejando al arbitrio de las autoridades una interpretación peligrosamente subjetiva. Esto crea un entorno en el que cualquier crítica, especialmente contra figuras públicas, podría ser sancionada penalmente.

Por su parte, en Campeche, el caso del periodista Jorge Luis González y el representante legal de una editorial, ambos procesados por presuntamente “incitar al odio” contra la gobernadora Layda Sansores, evidencia cómo el aparato judicial puede activarse selectivamente para castigar la crítica periodística. El embargo de propiedades como medida cautelar por dos millones de pesos no solo parece desproporcionado, sino que sienta un precedente alarmante: informar o cuestionar al poder podría salir muy caro.

Lo que une a ambos casos es el intento de regular el discurso desde el poder, criminalizando expresiones incómodas o críticas. Esto va más allá de una legislación mal diseñada: refleja una visión autoritaria del espacio público digital, donde la disidencia es tratada como una amenaza, no como un derecho.

Paradójicamente, Morena —un partido que en su origen se presentaba como defensor de los derechos ciudadanos y la crítica al poder— ha impulsado en estas entidades medidas que contradicen los principios básicos de una democracia abierta. La defensa del honor y la reputación no puede estar por encima del derecho a la libre expresión, y mucho menos ser utilizada como arma para silenciar.

Resulta especialmente preocupante que estas iniciativas surjan en un contexto donde el gobierno federal ha mantenido un discurso hostil hacia medios, periodistas y organizaciones civiles. La narrativa oficial que reduce la crítica a “ataques” o “campañas de desinformación” ha calado en lo local, y ahora se institucionaliza en forma de leyes punitivas.

La libertad de expresión incluye el derecho a molestar, incomodar y hasta ofender. No todo discurso debe ser amable para ser legítimo. Cuando se persigue penalmente una crítica o un insulto, se erosiona la base misma del debate democrático.

Es momento de alzar la voz. Normalizar este tipo de leyes, aunque se apliquen selectivamente hoy, significa dejar abierta la puerta a su uso indiscriminado mañana. Y cuando el poder tenga la capacidad de castigar la palabra, lo siguiente en caer será el pensamiento libre.