El Consejo de Seguridad de la ONU renovó este lunes por seis meses más el mecanismo transfronterizo que permite el suministro de ayuda humanitaria a los últimos bastiones rebeldes del noroeste de Siria y del que dependen unos cuatro millones de personas.

La decisión salió adelante con el apoyo de los quince miembros del Consejo, incluida Rusia, que ha sido muy crítica con este sistema y que en los últimos años ha usado su derecho de veto para recortarlo.

Con la aprobación de esta resolución, la ayuda podrá seguir entrando desde Turquía a la provincia siria de Idlib y a partes de la vecina Alepo sin pasar por las manos del Gobierno de Damasco, que no controla esos territorios.

El mecanismo, que lleva en vigor desde 2014, expiraba oficialmente el 10 de enero, después de que el pasado julio el Consejo de Seguridad lo prorrogase únicamente por seis meses, con opción a otro medio año pendiente de una nueva votación.

Lo hizo a insistencia de Rusia, el gran aliado del presidente sirio Bachar al Asad, que en los últimos años ha utilizado su poder de veto para ir reduciendo progresivamente este sistema de asistencia a las áreas controladas por la oposición.

El mecanismo que gestiona la ONU llegó a contar con cuatro puntos de acceso para los convoyes humanitarios: dos desde Turquía, uno desde Irak y otro desde Jordania.

Actualmente, el único paso autorizado es el de Bab al Hawa, que une la provincia noroccidental de Idlib con Turquía, y Moscú ha dicho a menudo que considera que la mejor opción sería que toda la ayuda humanitaria pase a canalizarse desde el interior del país, lo que haría que dependa del Ejecutivo sirio.

Sin embargo, según los propios servicios humanitarios de la ONU cortar el suministro desde Turquía supondría poner en peligro las vidas de millones de personas y finalmente Rusia optó por respaldar su continuidad durante otros seis meses.

Siria al completo, en guerra desde 2011, sufre una grave crisis económica y una devastadora situación humanitaria, pero éstas son especialmente alarmantes en el noroeste del país, donde más de 4 millones de personas necesitan ayuda y más de 2 millones dependen enteramente del instrumento transfronterizo.

Según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de los 4,6 millones de personas que residen en esa región, 3,3 millones experimentan inseguridad alimentaria y 2,9 millones son desplazados internos, 1,8 de los cuales residen en campamentos en duras condiciones.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, apuntó en un comunicado que la decisión de prorrogar la ayuda llega en un momento en que las necesidades humanitarias “han alcanzado sus niveles más altos desde el inicio del conflicto en 2011”.