La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condeno esté martes el asesinato de Crispín Reyes Pablo, defensor indígena del sur del país, donde lo mataron a disparos la semana pasada.

La ONU-DH denunció en un pronunciamiento que Reyes Pablo trabajaba en el municipio de San Juan Juquila Mixes, en el estado de Oaxaca, cuando lo asesinaron con un arma de fuego el 14 de julio pasado.

El defensor indígena era agente municipal de la comunidad indígena mixe de Guadalupe Victoria, donde defendía a la población y a 128 familias desplazadas de manera forzosa por la violencia desde 2017.

“El asesinato del señor Reyes Pablo es una trágica evidencia de la situación en la que viven las víctimas de desplazamiento forzado y el riesgo que corren quienes defienden sus derechos”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, según el comunicado.

La ONU-DH pidió a las autoridades investigaciones “prontas y diligentes”, que consideren como un factor la defensa de los derechos humanos que realizaba Reyes Pablo.

También exigió “identificar y sancionar” tanto a quienes cometieron el asesinato como a sus autores intelectuales.

Con el asesinato de Reyes Pablo, suman 10 activistas asesinados desde 2019 tan solo en el estado de Oaxaca, según datos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo).

México es uno de los países más peligrosos para activistas en el continente, con más de 90 defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que se inició en diciembre de 2018, según expuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en mayo.

“Las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un rol fundamental en nuestra sociedad y cualquier ataque en su contra también afecta la seguridad y el goce de derechos de sus comunidades”, comentó Fernández-Maldonado.

La ONU-DH también alertó del problema de desplazamiento forzado en México, donde la violencia y los conflictos han desplazado dentro del país a 379.000 personas, según el “Manual sobre desplazamiento interno” de la Suprema Corte.

Por ello, pidió “que el Estado mexicano asegure la protección de las comunidades que han sido forzadamente desplazadas, tal como la comunidad indígena mixe de Guadalupe Victoria”.

“Este caso ejemplifica la realidad de muchas comunidades desplazadas en el país, que se enfrentan a la violencia cuando intentan retornar a las tierras de las que, originalmente, fueron expulsadas forzadamente”, concluyó Fernández-Maldonado.