La primera ley de su tipo en Texas que permite a los ciudadanos vigilar la prohibición de los abortos después de seis semanas de embarazo puede haber creado, sin pretenderlo, un marco para que todos los estados del país restrinjan otros derechos constitucionales, si la Corte Suprema finalmente lo ratifica.

La semana pasada, la corte rechazó una solicitud de emergencia para bloquear la ley de Texas, la cual prohíbe los abortos una vez que se puede detectar actividad cardíaca en el embrión, lo que lo convierte en el primer proyecto de ley de este tipo en Estados Unidos, nombrado “ley del latido”, en entrar en vigencia. A diferencia de los intentos anteriores para prohibir los abortos, la nueva ley pide a los ciudadanos privados que la hagan cumplir, en lugar de los funcionarios estatales.

Eso la hace más difícil impugnar en los tribunales y, más importante, hace que otros estados puedan trazar el camino para prohibir otros derechos constitucionales, dijo la doctora Herminia Palacio, presidenta y directora ejecutiva del Instituto Guttmacher, un grupo de investigación proelección con sede en Nueva York.

“Al no detener esta prohibición del aborto, la Corte Suprema de Estados Unidos ha abierto las puertas para que otros estados promulguen leyes similares”, dijo Palacio a Zenger.

Otros doce estados del país han aprobado prohibiciones sobre los abortos en las primeras etapas del embarazo, pero los tribunales han bloqueado todos, al citar la decisión de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade, de 1973, que determinó que las mujeres tienen derecho al procedimiento por motivos de privacidad protegidos constitucionalmente.

Sin embargo, esta ley de Texas ha sido diseñada para quedar excluida de la revisión federal. En lugar de prohibir explícitamente el aborto, delega a los residentes de Texas que entablen una demanda contra cualquiera que practique, o “ayude e incite”, un aborto, y los demandantes exitosos son elegibles para recibir hasta 10 mil dólares. Como la ley veta a los funcionarios de Texas a vigilar el cumplimiento de la “ley del latido”, cualquier demanda que tenga como objetivo bloquearla por inconstitucional enfrentará dificultades, ya que tales demandas suelen nombrar a los funcionarios estatales como acusados.

“La Corte ha aprobado efectivamente un plan de implementación tortuoso y sin precedentes, construido con la intención de evadir una ley bien establecida”, dijo Jamille Fields Allsbrook, directora de salud y derechos de la mujer en el Centro para el Progreso Estadounidense. “Esto convierte a los ciudadanos privados en cazarrecompensas y permite a los vigilantes antiaborto demandar a cualquiera que brinde asistencia a una persona que accede a la atención del aborto después de seis semanas”.

El mecanismo tiene a algunos expertos legales preocupados de que otros estados puedan intentar prohibir los abortos, u otras actividades, al replicar la legislación de Texas.

Por ejemplo, ¿podría California prohibir las armas de fuego mediante la elaboración de una ley que diga que cualquiera que “ayude e incite” a la venta de armas puede ser demandado por hasta 10 mil dólares? ¿Podrían otros estados hacer lo mismo por las personas que no portan mascarillas durante la pandemia de coronavirus?

La respuesta es sí, según David Coale, abogado de apelaciones en Texas.

“La estructura de este estatuto podría adaptarse fácilmente a otras situaciones”, dijo. “Imaginen un ‘estado azul’ haciendo algo similar por la posesión de armas o la asistencia a la iglesia”.

Elizabeth Sepper, profesora de derecho en la Universidad de Texas en Austin, hizo eco de esta preocupación y se refirió al nuevo mecanismo de la ley de Texas como un “laberinto procesal”.

“Debido a que la Corte Suprema respaldó, al menos temporalmente, la táctica de Texas para evitar la revisión constitucional federal, podemos esperar que otros estados sigan su ejemplo”, dijo Sepper a Zenger. “Permitir un sistema de recompensas en el que los ciudadanos privados, no el Estado, hagan cumplir las leyes inconstitucionales es un precedente peligroso y puede no limitarse al aborto.

“A continuación, podríamos ver que la legislatura de Texas prohíbe cualquier crítica a su gobierno, niega cualquier puesto estatal en la aplicación de la ley y permite que los agentes privados persigan a cualquiera que tenga algo malo que decir sobre el gobierno estatal”.

Sin embargo, otros expertos legales dicen que es posible que las cosas nunca lleguen tan lejos.

Conforme otros estados buscan copiar el modelo de Texas, es probable que los abogados adapten su enfoque al litigio y, con el tiempo, puedan lograr que se anulen las leyes, dicen.

“Es un mecanismo astuto, pero no creo que sea una forma, ciertamente no a largo plazo, de detener el aborto o la posesión de armas o como sea que pueda usarse”, dijo Ilya Shapiro, vicepresidente del Instituto Cato y director del grupo de expertos libertario, el Centro de Estudios Constitucionales. “Si cualquier otro estado intenta esto con algo más, creo que la estrategia de litigio avanzará mucho más rápido”.

“Esta es una manera inteligente de evitar que se detenga la ley a través del curso normal, mediante la demanda de funcionarios públicos, pero el resultado final será el mismo”, dijo. “Quienes se oponen a cualquier ley adaptarán su estrategia a este tipo de mecanismo”.

La negativa de la Corte Suprema de bloquear la aplicación de la ley de Texas fue recibida con fuertes reacciones tanto de los opositores al aborto como de los defensores de los derechos reproductivos.

Los grupos provida aplaudieron la medida como una victoria para los nonatos.

“La decisión de la Corte Suprema es una victoria masiva para el movimiento provida”, dijo en un desplegado Derecho a la Vida Texas (Texas Right to Life). “Derecho a la Vida Texas celebra esta victoria fenomenal para decenas de miles de niños no nacidos que se salvarán del mal del aborto”.

Los activistas defensores del derecho a decidir criticaron al tribunal por ignorar el precedente Roe versus Wade.

La ley de Texas condena a la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo, 18 semanas antes que el estándar establecido por la decisión de 1973, lo que deja a las mujeres con poco tiempo para confirmar su embarazo, para decidir interrumpirlo y para completar el procedimiento. Los proveedores de servicios de aborto en Texas estiman que el 85 por ciento de las pacientes que buscan abortos tienen al menos seis semanas de embarazo, y ahora se les negará la atención, incluso si su embarazo ocurrió como resultado de una violación o incesto.

La ley podría llevar al cierre de todas las clínicas de aborto en Texas, lo que dejaría a las mujeres que requieren un aborto con la única opción de trasladarse fuera de las fronteras estatales, en promedio más de 300 kilómetros en cada dirección; esto hace que la distancia promedio de viaje para abortar sea aproximadamente 20 veces mayor que la actual, según una investigación del Instituto Guttmacher.

“La gran mayoría de los abortos en Texas, un estado con casi 7 millones de mujeres en edad reproductiva, están actualmente prohibidos”, dijo Palacio. “Negar a las personas el acceso al aborto agrava las desigualdades en la salud pública y la autonomía personal. Los hechos son claros en cuanto a que las restricciones al aborto, como la prohibición de seis semanas de Texas, afectan de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos, en particular, a las poblaciones afrodescendientes, indígenas y de color”.

Hasta ahora, ninguna corte ha escuchado o emitido una decisión sobre la constitucionalidad de la ley de aborto de Texas, y la Corte Suprema señaló que la cuestión permanece sin ser adjudicada.

Una apelación a la impugnación inicial presentada en julio por proveedores de servicios de aborto y defensores del derecho a decidir, incluidos Whole Women’s Health, la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas, el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Federation of America y el Lawyering Project, entre otros, está pendiente en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.

Eso significa que la ley de aborto de Texas podría estar en vigor durante meses antes de que se tome una decisión en la Corte.

Ahora es más probable que los proveedores de servicios de aborto busquen órdenes de restricción temporales contra quienes están ansiosos por presentar demandas civiles, como una orden que se otorgó el viernes contra Derecho a la Vida Texas, para impedir que el grupo demandara a los proveedores de servicios de aborto empleados por la organización Planned Parenthood.

Eventualmente, también comenzarán las demandas civiles presentadas por ciudadanos privados.

“Cuando se presenta una demanda civil, yo también esperaría que las constituciones de Estados Unidos y Texas se levanten como defensas contra lo que la jueza [Sonia] Sotomayor llamó una ‘ley flagrantemente inconstitucional’”, dijo Sepper.

Traducción de Yerem Mújica; editado por Yerem Mújica y Melanie Slone