El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó diversos preceptos de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que prevén la obligación de uniformar el diseño de todos los vehículos de los cuerpos policiales en la capital del país, con independencia de la Alcaldía a la que se encuentren adscritos.

Sin embargo, originalmente se propuso a los Ministros declarar inconstitucionales ciertas normas en la materia, al estimar que violaban la autonomía presupuestal de las Alcaldías, ya que supuestamente las vinculaban a utilizar recursos propios para la homologación de los referidos vehículos.

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor de validar la obligación de uniformar la imagen de las patrullas, pero votó en contra de considerar que existió una violación a la autonomía presupuestal de las Alcaldías.

 En realidad la erogación de recursos propios para el balizamiento de los vehículos es optativa, ya que las demarcaciones territoriales pueden decidir contratar por su cuenta los trabajos de homologación de las unidades policiales, o bien, hacerlo por conducto del Gobierno de la Ciudad de México, con gasto de éste.

Destacó que, conforme a la normativa impugnada, es a la Jefatura de Gobierno, concretamente a la Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, a quien, en principio, corresponde hacerse cargo de aplicar los recursos económicos para la estandarización de todas las unidades policiales de la capital del país.