La Autoridad vaticana de Supervisión e Información financiera (ASIF) detectó en 2022 un aumento de las operaciones financieras sospechosas en el entramado económico de la Santa Sede, hasta 128, de las que se bloquearon cinco por valor de 829.050 euros, según su informe anual publicado hoy.

En concreto, el pasado año, la ASIF recibió 128 denuncias de actividades sospechosas, de las que 124 se producían dentro del Instituto para Obras de Religión (IOR), el banco vaticano, ahora sometido a una mayor vigilancia tras los escándalos del pasado.

De estas operaciones, 19 acabaron investigadas, al ser desviadas a las oficinas del Promotor de Justicia (fiscal vaticano).

El ente de la Santa Sede reconoció que se trata de un “neto aumento” respecto a los avisos de supuestas irregularidades del 2021, cuando fueron 104, pero apuntó que esto se debe a que desde 2017 la supervisión ha sido progresivamente más eficiente.

El presidente de la ASIF, Carmelo Barbagallo, explicó en un comunicado que este aumento de las denuncias “no se traduce automáticamente en un incremento del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo”.

Por un lado, sostuvo, se debe al cambiado contexto económico y geopolítico, con una progresiva reanudación de los negocios tras la pandemia y de las “áreas geográficas en riesgo”.

Y en segundo lugar refleja el “nivel de guardia particularmente elevado” del IOR por su nueva política de transparencia, que obliga a los organismos de observación a denunciar “leves desviaciones de comportamientos ordinarios y habituales”.

En 2022 además la cooperación interna para combatir el blanqueo y otros delitos ha sido “intensa y productiva”, según el informe, y se ha extendido la cooperación internacional con la firma de acuerdos de colaboración con Macedonia del Norte y las Islas Caimán, lo que eleva a 67 los memorándum que posee la Santa Sede.

Por otro lado, se registró un aumento de las operaciones sometidas a medidas preventivas, con la suspensión de cinco por un valor de 829.050 euros en 2022, mientras que en el ejercicio precedente fueron cuatro por un montante de 379.770 euros.

Barbagallo defendió seguir colaborando con la Fiscalía vaticana y la Gendarmería.

“No hay duda de que la eficacia de la acción de prevención y lucha del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo dependa, en primera instancia, de la capacidad de las tres autoridades para trabajar conjuntamente”, indicó.

En junio de 2021 el Moneyval, órgano de lucha contra estos delitos del Consejo de Europa, reconoció los avances en la supervisión de las estructuras económicas y administrativas de la Santa Sede, en el pasado usadas a veces por criminales para limpiar capitales.

De cara al próximo otoño la ASIF deberá demostrar a Moneyval sus acciones para adaptarse a sus recomendaciones pero su presidente espera que el veredicto “será no menos positivo” que el anterior.