Miscelánea, salud y política Judith Álamo López

Se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar, una y mil veces, mientras uno esté vivo: José Mujica Imagínese usted estar en Nueva York, en algunas de las instalaciones que usan los trabajadores migrantes para pernoctar, a oscuras, escondido desde hace 10 días para evitar ser atrapado por agentes de la ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) o del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De noche, aterido, cubierto por una cobija raída, con sueño intranquilo, con palpitaciones y sudores que dificultan respirar; de día, encerrado en camionetas de carga sin ventanillas, para no ser visto, engullendo un burrito o un hot dog y alguna bebida altamente calórica embotellada, en camino a las pocas granjas, empresas o construcciones donde mantienen contrataciones de ilegales para laborar de 8 a 12 horas al día. 

 La anterior historia podría ser la de uno de los seres menos desafortunados que no han sido detenidos, permanecen aún con trabajo en Estados Unidos de América, bajo la protección de alguna de las empresas de excepción que, por razones estrictamente económicas, continúan recurriendo a mano de obra de migrantes, con el debido pago de impuestos, sin garantizar la paga prometida al indocumentado. Ahora, menos.

Hace décadas que los trabajadores indocumentados en Estados Unidos sufren abusos, maltrato y racismo, pero en la nueva era Trump pasaron a ser tratados como escoria, a expensas de autoridades prepotentes.

“Seguiremos eliminando de nuestras calles a este tipo de basura”, dijo la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, al encabezar un operativo en Nueva York. En la misma tónica se expresó la portavoz de la Casa Blanca, Carolina Leavitt, quien sentenció, todos los migrantes detenidos “son criminales”.

Cuando se aplican soluciones de fuerza, se esgrimen narrativas justificantes de procederes ilegales, parecen no importar los ordenamientos jurídicos que rigen al Estado. Se impone la cruda realidad.

Resulta que los indocumentados en el actual sistema de justicia de EUA no son criminales; quienes residen en forma ilegal cometen infracciones civiles; sólo quienes ingresaron sin inspección o son reincidentes, luego de haber sido deportados, podrían ser juzgados por delitos menores o graves, respectivamente (www.swissinfo.ch/spa). 

Donald Trump fue electo por menos de la cuarta parte de la población estadounidense a quien ofreció hacer realidad su proyecto político MAGA (Make America Great Again), o sea Estados Unidos grande de nuevo. 

Para ello nombró un equipo de ultraderecha, y mano dura, como el ideólogo de la estrategia migratoria, Stephen Miller, subdirector de política y asesor de seguridad nacional, quien prometió acabar con los inmigrantes irregulares, incluso violando sus derechos humanos.

Cuando Gustavo Petro se opuso al aterrizaje de naves estadounidenses en suelo colombiano por considerar que traían a sus connacionales deportados en condiciones indignas –encadenados y esposados–, su prohibición y argumentación provocaron sonrisas burlonas en sus críticos y pena entre sus simpatizantes.

Y mayor dolor a los repatriados, quienes tuvieron que mantenerse en lugar de 8, 16 horas con grilletes (viaje de ida y vuelta de Texas a Colombia). Las amenazas de represalias comerciales en contra de su país contuvieron sus exigencias. Finalmente se impuso el realismo y tuvo que enviar naves colombianas por sus paisanos y fumar la pipa de la paz. 

Si los gobiernos de los países expulsores de migrantes cumplieran con su deber de garantizar empleo remunerado, servicios de salud suficientes, seguridad pública, educación, vivienda y una vida libre de violencia a sus connacionales no tendrían que emigrar en busca de la sobrevivencia.

Si los gobernantes de América Latina y el Caribe fueran menos corruptos y más eficientes; menos mesiánicos y más demócratas, fluiría la solidaridad en tiempos de crisis –ojo: no el paternalismo ni la caridad subsidiaria–; si fueran promotores de la productividad y menos complacientes, impulsaran la cultura, las libertades y estuvieran más y mejor capacitados, otra cosa sería.

Si se conformaran gabinetes con los más competentes científicos y técnicos y no sólo con grises y sumisos correligionarios, dejarían de comportarse como al presidente Petro, a quien le ganó la emocionada diarrea verbal socialista, al repetir consignas y envolverse en el lábaro patrio. Pero su claudicación dio ejemplo de cómo el realismo se impuso al surrealismo mágico.

En México aún no crecen en demasía las cifras de deportaciones, al menos eso ha informado la presidenta Claudia Sheinbaum en su Mañanera del Pueblo, “sólo fueron 4 mil 94, del 20 al 26 de enero, cifra similar al promedio de repatriados en los últimos años”. 

Pero, ¿cómo creer en esos números? cuando hay evidencias de que los alteran a conveniencia, por ejemplo, no es creíble que hayan disminuido en 27% los homicidios dolosos de 2018 a la fecha; y que durante el gobierno de la mandataria (120 días) hayan disminuido 15% estos, ah, pero han aumentado las desapariciones en 93%. Crecen las sospechas de que se maquillan las cifras (Latinus).

Afirma la mandataria, hasta ahora controlando el timón de la nave, que nada detendrá la elección de ministros, magistrados y jueces cuando es cada vez más evidente que harán falta personas idóneas, con capacidades y saberes comprobables, ajenas a intereses políticos del grupo gobernante, para administrar la justicia de manera imparcial, pronta y expedita. 

Cierto que era necesario un cambio para acabar con la injusticia e impunidad casi total con que operan los delincuentes en nuestra nación, pero la elección no ayudará ni un ápice a corregir ese problema; por el contrario, hará casi imposible la resolución jurídica de diferendos del gobierno con particulares o entre empresas públicas y empresas internacionales.

“La elección va”, repite la presidenta Sheinbaum, sin importar que cada día se registren evidencias de que la elección de mandos del Poder Judicial Federal será ilegal e ilegítima.