Por César Santomé López. Analista y consultor.

Recibimos 2026 con demasiada información sobre crisis democrática, crimen organizado, invasiones y geopolítica, pero se ha dicho demasiado poco sobre la crisis de la política. Y no me refiero a la crisis de “los políticos” ni a la provocada únicamente por ellos, sino a la política como arte de gobernar en condiciones de pluralidad, con deliberación basada en evidencias, negociación y límites. Los últimos dos meses nos han mostrado con crudeza un patrón: la política se desdibuja y la interpretación del mundo se intenta explicar únicamente desde una nueva lógica del poder crudo y vulgar.

El debate se empobrece y la vida pública por todos lados se trata de reorganizar de frente a una majadera moralización y a delirios de grandeza. La argumentación cede cada día un poco más y la legitimidad se redefine con la fuerza, la lealtad y por conveniencia económica.

En México, el arranque de 2026 está atravesado por una agenda de alto riesgo: revisión del T-MEC, discusión de reformas, tensiones bilaterales con EE. UU. que colocan la soberanía y la seguridad en el centro del tablero y con crisis evidentes en la infraestructura nacional luego de años de abandono, sin contar el reto de neutralizar las malas expectativas económicas.

En el mundo, 2026 se abre con una agenda internacional marcada por reconfiguraciones económicas, energéticas y militares, enmarcadas en tensiones regionales que ejercen presión sobre los países y obligan a sus Estados a decidir rápido, a menudo sin deliberación pública suficiente.

La política en crisis: menos gobierno, más dominación. La política, en su sentido más fino es la administración de la complejidad: la conciliación de intereses, la gestión del conflicto, la producción de acuerdos imperfectos y la sostenibilidad institucional que permita sobrevivir a las pasiones personales de coyuntura cada vez más accidentada.

Lo que hoy observamos es una mutación: la política se convierte en una estrategia brutal de dominación basada en la simplificación, la polarización y el espectáculo. Conviene aquí recuperar a Jean Baudrillard: cuando la representación sustituye al acontecimiento, el poder deja de gobernar realidades y pasa a gobernar símbolos. Entonces el mensaje se vuelve más importante que la gestión; la escena desplaza a la institución; el efecto emocional reemplaza a la política pública y la simulación sustituye a la verdad. El resultado es un régimen superficial, basado en abundante narrativa y en escasa capacidad de Estado.

Daniel Innerarity ha insistido en que la democracia no fracasa solo por corrupción o ineptitud, sino por la incapacidad de pensar, explicar y gestionar lo complejo en un ecosistema que premia lo inmediato, lo simple y lo indignado. Si lo complejo no cabe en el debate, la solución democrática se vuelve inviable; y si la solución democrática es imposible, lo que crece es la tentación de los atajos políticos: gobernantes populistas, brutales, vulgares y envalentonados, que confunden imposición con gobierno, revancha con justicia.

La legitimidad degradada. La política internacional sufre una degradación paralela. En lugar de construir arreglos objetivos y justos, se narran nuevas cruzadas cuyo dios es el poder económico. En la tradición realista, Henry Kissinger distinguió entre justicia moral y legitimidad entendida como acuerdo sobre arreglos posibles y límites aceptables; cuando se pierde ese terreno compartido, la política exterior tiende a absolutizarse y la negociación se interpreta como traición.

En este clima, los Estados ya no compiten solo por intereses, sino por relatos de superioridad moral o “democratizante”. Las sociedades, ya fatigadas, polarizadas y expuestas a propaganda permanente, se limitan a observar el uso de la fuerza, el chantaje, la mentira y la simplificación extrema al servicio de gobernantes también en crisis, ya sea por omisión, ambición o enajenación. Así, la política pierde su función básica: diseñar un mundo común.

La crisis de la argumentación: cuando discrepar se vuelve delito. Aquí Weber resulta indispensable. Su ética de la responsabilidad es una vacuna contra el moralismo político: gobernar no es proclamarse virtuoso, honesto o superior, sino responder por las consecuencias previsibles e imprevisibles del ejercicio del poder. Para eso se solicita el voto, para un mandato democrático. Cuando el debate se moraliza desde el poder, los demás actores políticos dejan de ser interlocutores y se convierten en adversarios. Entonces, la argumentación ya no persuade; solo clasifica y excluye.

México en el tablero. México inicia 2026 con presiones cruzadas: la agenda doméstica y las tensiones internacionales se superponen. La discusión sobre seguridad y soberanía no es una abstracción. La reacción pública de carácter anti intervencionista reafirma el calibre del momento: resulta impensable no coincidir con el respeto al derecho ajeno y al derecho de las naciones a la autodeterminación. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿cómo encajar este principio con la defensa de los derechos de millones de ciudadanos en el mundo y no solo en Venezuela, avasallados por dictaduras, crimen organizado y redes de corrupción transnacional.

La crisis política actual es aplastante. Nuestra política no está ofreciendo un marco sano para el debate ni para el análisis, y tampoco permite objetividad ni justicia. El mundo demanda restituir la capacidad de la política y de los Estados para ofrecer un ambiente seguro de lucha política argumentada, basada en conocimiento experto, ciencia y justicia social. Sin embargo, la crisis se expresa justamente en lo contrario. Es urgente neutralizar este síntoma global: líderes que “ganan”, pero sociedades que pierden.

Adolfo Suárez, durante la transición española, entendió que la política no consiste en humillar al adversario, sino en abrir el juego para que el futuro sea resultado de la voluntad libre y reglas compartidas. Si 2026 será un año de geopolítica intensa, México y el mundo necesitan recuperar algo elemental: el derecho a pensar y criticar sin ser expulsados del espacio público, la legitimidad del argumento frente a la consigna y la capacidad institucional frente a la épica, para que el futuro vuelva a ser un asunto gobernable y no un accidente que, de eso, ya estamos cansados.