Por César Santomé López. Analista y consultor.

Los gobiernos de ciudades como la Ciudad de México enfrentan siempre grandes retos de gestión administrativa y otros no menores de congruencia política. Creo que todos han padecido en su momento del “síndrome de límite de personalidad política”: todos han sido paladines de los desprotegidos y herederos de las mejores causas, pero las diversas gestiones urbanas han sido muy poco efectivas para mejorar la vida en la ciudad y privilegian a muy pocos.

Los discursos polarizantes, vengan de donde vengan y tengan origen en dichos o hechos, han convertido a la Ciudad de México en un campo de batalla simbólico.

La ciudad ha presenciado narrativas populares como las de: “Los niños bien” vs “el pueblo” de los 90´s; los “Clase medieros desclasados, que ignoran al Pueblo” de los 70´s y 80´s; “Los mirreyes contra los godines” de inicios de los 2000 y la famosa frase “Los de arriba contra los de abajo” frase muy socorrida en varios momentos de la historia política  mexicana, desde la Revolución Mexicana, con el discurso agrarista de 1910 a 1930, etapa en la que se inscribe “Los de abajo” de Mariano Azuela en 1915; estas narrativas han dejado claro en la imaginaria popular este simbolismo de enfretamiento que finalmente refuerza la izquierda urbana y la narrativa populista de los años 2000 hasta a la fecha, en la transformación de estas expresiones urbanas han participado por igual intelectuales, empresarios, políticos y el propio pueblo.

Aunque estas expresiones no nacen del discurso político, han sido absorbidas en las narrativas políticas como evidencia polarizante señalando la “decadencia moral” de las élites.

Sin embargo, detrás de ese discurso moralizante se esconde una paradoja, han sido los propios gobiernos los que han facilitado, tolerado o incluso promovido muchos de los procesos de gentrificación que hoy se quieren combatir y detener.

Son los gobiernos de las ciudades quienes dan permisos de construcción, incentivos a la inversión cultural privada, son quienes celebran la llegada de turistas y nómadas digitales, olvidando que ello requiere mecanismos efectivos de regulación o redistribución.

Mientras que, en el discurso se apela a una supuesta justicia social, en la práctica se pavimenta el camino para proyectos inmobiliarios de alto impacto en las colonias en disputa como la Doctores, el Centro Histórico, Santa María la Ribera, Tacubaya o Barranca Pilares. De esta forma, estamos frente a una contradicción estructural, promovemos el desarrollo y el cambio, pero provocando tensión en los ideales populares y en el uso político instrumental de las carencias no gestionadas.

Lo que antes eran intervenciones públicas y propuestas de inclusión cultural, hoy son parte de la pelea, los proyectos de visibilidad en favor de expresiones populares, muy pocas veces cambian las condiciones de inequidad que limitan su verdadero impacto, olvidamos el trabajo necesario para eliminar las fracturas sociales que luego alguien utiliza como moneda de cambio en la política.

Entonces la ciudad se llena de enemigos simbólicos, el modelo económico extractivo y el modelo inmobiliario sin regulación, contra el pueblo desplazado. El “otro cultural” del café de especialidad, el que renta por plataforma estancias cortas y el que camina con bicicleta plegable, contra el desempleado, contra el pueblo originario. Vamos creando una caricatura de clase, que sirve para que grupos políticos hagan de la suyas en las marchas y así se consolidan identidades políticas artificiales.

Entonces lo que emerge es una ciudad dividida, no sólo en términos de ingreso o acceso al suelo, sino en términos de legitimidad urbana. ¿Quién tiene derecho a habitar y a narrar la ciudad? ¿El que vivió ahí por generaciones o el que llegó con nuevas prácticas culturales? Esta fractura simbólica produce efectos reales: exclusión, confrontación, deterioro del tejido social.

Las expresiones culturales y sociales empiezan a convertirse en objeto de disputa y no de integraciòn y disfrute, las políticas públicas dejan de servir de mecanismo mediador, todos toman partido y mientras más radicales mejor, en este contexto no podemos abonar sino a un resentimiento perpetuo sin voluntades de resolver nada.

La gentrificación en la Ciudad de México no es un instrumento político, es un proceso urbano de evolución, uno que debe ser gestionado y conciliado, no solo es un proceso económico, son narrativas en disputa y si permitimos que esta nueva y parcial narrativa de la gentrificación sea utilizada por el poder, político, económico o de grupos violentos, la reconciliación urbana será un horizonte cada vez más lejano.

Lo que no es narrativa, son las calles mal pavimentadas, luminarias deficientes, banquetas rotas, parques sin mantenimiento, servicios de transporte masivo que se cae a pedazos, todo ello es hoy, el paisaje urbano habitual. Este abandono no es menor: el deterioro del espacio público genera una percepción de decadencia y de resignación que afecta la vida comunitaria y refuerza el resentimiento.

Sin embargo, este descuido también genera una paradoja: cuando la inversión privada interviene en ciertos territorios donde identifica potencial, ya sea a través de un restaurante, una galería, una rehabilitación de vivienda o una oferta turística alternativa, esto produce un efecto visible que obliga al gobierno local a actuar. Así, las zonas gentrificadas, precisamente por su nuevo potencial de visibilidad y plusvalía, terminan recibiendo atención institucional que por años se había negado y ante la revalorización, todos protestan.