Las acusaciones por presunto acoso y abuso sexual contra Julio Iglesias colocaron al intérprete español en el centro de la atención mediática desde el pasado 13 de enero, cuando el caso comenzó a difundirse en noticieros, redes sociales y medios de comunicación internacionales. El cantante, de 82 años, enfrenta señalamientos presentados por dos mujeres que […]
Las acusaciones por presunto acoso y abuso sexual contra Julio Iglesias colocaron al intérprete español en el centro de la atención mediática desde el pasado 13 de enero, cuando el caso comenzó a difundirse en noticieros, redes sociales y medios de comunicación internacionales.
El cantante, de 82 años, enfrenta señalamientos presentados por dos mujeres que trabajaron con él: una como empleada doméstica y otra como fisioterapeuta. La investigación periodística, difundida por Univisión y el medio español elDiario.es, recoge los testimonios de ambas denunciantes, quienes relataron presuntos episodios de acoso y agresiones sexuales ocurridos durante su relación laboral con el artista.
De acuerdo con los testimonios publicados, Iglesias habría ejercido control sobre las denunciantes, revisado sus teléfonos celulares, restringido sus salidas, impuesto jornadas laborales de hasta 16 horas diarias y omitido contratos formales y días de descanso. Los hechos señalados habrían ocurrido en distintas propiedades del cantante ubicadas en varios países.
Ante estas denuncias, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó que el pasado 5 de enero recibió una querella formal contra el artista, presentada por una persona cuya identidad se mantiene reservada. El tribunal, con sede en Madrid, analiza si es competente para investigar presuntos delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles, lo que abre la posibilidad de que Iglesias sea citado a declarar.
Un día después de que el caso se hiciera público, la Fiscalía otorgó a las denunciantes la condición de testigos protegidos. Así lo confirmó Jovana Ríos Cisneros, directora ejecutiva de Women’s Link Legal, quien precisó que ambas mujeres continúan siendo empleadas del cantante. La organización solicitó medidas de protección al considerar la desigualdad de poder entre el artista y las denunciantes, derivada de su capacidad económica e influencia.
Hasta el momento, Julio Iglesias no ha emitido un pronunciamiento público directo sobre las acusaciones. Sin embargo, la revista ¡Hola! informó que sostuvo una conversación telefónica con el cantante, quien aseguró que “la verdad saldrá a relucir” y que el caso se esclarecerá. La publicación señaló que el intérprete y su equipo legal se encuentran preparando su defensa, sin difundir declaraciones textuales.
El caso también generó reacciones en el ámbito político español. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó en redes sociales que no participará “jamás en el desprestigio” del cantante, a quien calificó como “el más universal”, luego de que el partido Más Madrid solicitara retirarle la Medalla de Oro de la Comunidad.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, señaló que el gobierno regional no tiene constancia de una investigación judicial en curso y llamó a la prudencia mientras avanza el proceso.
Mientras las autoridades analizan el alcance de la querella y definen las próximas diligencias, el nombre de Julio Iglesias permanece en el debate público, en un caso que continúa en etapa de investigación y bajo el principio de presunción de inocencia.
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