Un juez mexicano suspendió de forma provisional este jueves “todas las consecuencias” de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que el Gobierno mexicano promulgó el martes para beneficiar a la empresa eléctrica del Estado en detrimento de las privadas y extranjeras.

Con el expediente 119/2021, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgó una suspensión provisional al Parque Solar La Orejana de Sonora, en el noroeste del país, pero con efectos para todos los participantes del mercado eléctrico.

“Los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la quejosa, sino a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y demás particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector”, detalló el juez Juan Pablo Gómez Fierro.

Este es el primer amparo que otorga el Poder Judicial por la reforma eléctrica que se publicó apenas el martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El principal cambio legal es eliminar el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

El juez Gómez Fierro recordó que él ya ha fallado contra disposiciones similares en la política de “confiabilidad” que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales en febrero.

“Esta medida ya ha sido adoptada por este juez de distrito en diversos juicios de amparo en los que se han reclamado regulaciones similares a la legislación cuya suspensión se solicita y se estima adecuada para proteger los derechos a la libre competencia y con concurrencia en los mercados”, expuso.

Apenas el miércoles, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció que “una buena cantidad de empresas” ya alistaban amparos contra la reforma porque viola la libre competencia y la irretroactividad de la ley que protege la Constitución.

Los industriales argumentan que la reforma causará un sobrecosto de 60.000 millones de pesos (casi 2.870 millones de dólares) porque la electricidad generada por la CFE cuesta más del doble de los privados.

Además, la oposición en el Congreso y algunos gobernadores han anunciado que presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.

Tras esta suspensión provisional, el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar con una queja ante un tribunal colegiado, que tendría 48 horas para resolver.

“La medida cautelar que se otorga no implica que queden insubsistentes las normas reclamadas sino que únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, con lo que se conserva la materia del juicio”, precisó el juez.