El magistrado John C. Coughenour impidió la aplicación de la polémica medida durante al menos 14 días, mientras se evalúa la posibilidad de una suspensión más prolongada.

Un juez federal en Seattle bloqueó de manera temporal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, dando inicio a una contienda legal que se prevé extensa y compleja.

El magistrado John C. Coughenour, nombrado durante la administración de Ronald Reagan, escuchó 25 minutos de alegatos antes de fallar desde el estrado. Su decisión impide la aplicación de la polémica medida durante al menos 14 días, mientras se evalúa la posibilidad de una suspensión más prolongada.

Este caso coincide con el inicio de múltiples litigios relacionados con la orden de Trump, que busca limitar la ciudadanía automática a hijos de ciudadanos y residentes legales, excluyendo a los nacidos de padres indocumentados o con visas temporales.

Hasta ahora, cuatro estados —Washington, Arizona, Illinois y Oregón— presentaron recursos para impedir su entrada en vigor a finales de febrero, alegando que viola la 14ª Enmienda de la Constitución. Coughenour se mostró tajante:

La 14ª Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil, establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanas del país y del estado donde residan. En su queja, los fiscales demócratas advierten que la orden de Trump reviviría una versión “moderna de Dred Scott”, el fallo de 1857 que negó la ciudadanía a personas de ascendencia esclava.

De aplicarse el decreto, los demandantes señalan que miles de niños en los estados afectados quedarían sin acceso a servicios públicos como Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), además de enfrentar la deportación o el estatus de apátridas.

En contrapartida, el Departamento de Justicia sostiene que Trump cuenta con amplia autoridad para reformar el sistema migratorio y que los estados carecen de legitimidad para demandar, pues argumentan que las presuntas pérdidas económicas no constituyen un derecho legalmente reconocible.