La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las investigaciones financieras emprendidas por su gobierno —que permitieron identificar 13 casinos con operaciones presuntamente relacionadas con lavado de dinero— cuentan con sustento legal y pruebas, y negó que exista algún trasfondo político.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad nacional, enfocada en rastrear recursos vinculados con la delincuencia organizada o esquemas de lavado de dinero.

Sin pronunciamientos sobre empresas en específico

Al ser cuestionada sobre el hecho de que dos de los casinos investigados pertenecen a Grupo Salinas, Sheinbaum respondió que la autoridad no puede pronunciarse sobre empresas específicas mientras la investigación esté en curso. No obstante, reiteró que todas las indagatorias se realizan con respaldo jurídico y con información sólida que obliga, conforme a la ley, a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) cuando se detectan indicios de lavado de dinero.

La presidenta añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado diversos esquemas de operación ilícita, y aclaró que las inspecciones laborales realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a TV Azteca son revisiones rutinarias, orientadas a verificar el cumplimiento de los derechos laborales.

Esquemas detectados por la autoridad fiscal

La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que los casinos y plataformas suspendidos operaban mediante el uso de identidades robadas o prestanombres —como jóvenes, amas de casa o personas jubiladas— para mover grandes cantidades de dinero. Dichos montos se registraban como apuestas y posteriormente eran transferidos al extranjero para ser blanqueados en paraísos fiscales.

Respuesta a señalamientos de Salinas Pliego

En otro momento, Sheinbaum respondió a las declaraciones del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien calificó como “parásitos” a los beneficiarios de los programas sociales. Consideró “indignante” el uso de esos términos contra personas adultas mayores y otros sectores que reciben apoyos gubernamentales.

“Han dado su vida por su familia, su comunidad y por el país”, subrayó la mandataria, quien afirmó que estas expresiones reflejan una visión contraria a los principios de justicia social que impulsa su administración.

Además, recordó que empresas de Grupo Salinas han participado en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que —dijo— resulta contradictorio descalificar iniciativas de las que el propio grupo ha formado parte.

“No hay motivaciones políticas; es Estado de derecho”

Sheinbaum sostuvo que la existencia de convenios y colaboraciones previas demuestra que las investigaciones no responden a motivaciones políticas, sino a la aplicación estricta de la ley.

“Estado de derecho quiere decir cumplir con todas las obligaciones, no hacer trampa para pagar impuestos. Todos debemos cumplir con la ley, la autoridad en primer lugar y también las empresas”, enfatizó.