La investigación abierta contra el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) por operaciones bancarias irregulares sacude la política mexicana con dudas sobre la autonomía de la fiscalía y las motivaciones políticas del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno informó hace una semana sobre una denuncia “por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita” por transferencias que una familiar hizo a Peña Nieto a España por más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares) entre 2019 y 2021.

Desde el anuncio, que se hizo durante la rueda de prensa matutina de López Obrador, el Gobierno ha provocado cuestionamientos por el manejo político del caso, pues Peña Nieto pertenece al ahora opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Al inicio es mucho más importante el secreto y el manejo de las evidencias y la carpeta de investigación que el salir a dar una conferencia de prensa. Eso nos puede hablar de que tal vez están anunciando esto para hacer ver que están haciendo algo sin que realmente haya de fondo un caso jurídico relevante”, expuso a Efe la directora ejecutiva de Impunidad Cero, Irene Tello.

¿AMENAZA Y MOTIVACIÓN ELECTORAL?

La controversia ha crecido tras trascender en la prensa nacional que la investigación se abrió después de que el expresidente, quien ahora vive en España, se reunió con políticos del PRI para coordinar la elección estatal de 2023, cuando se renovará la gobernación del Estado de México, que Peña Nieto gobernó de 2005 a 2011.

“Eso es mentira, eso no es cierto. Eso, periodísticamente hablando, para no seguir mencionando de que se dedican a calumniar, es, de manera amable, una volada (ocurrencia)”, comentó López Obrador este lunes sobre los reportes.

Pero el profesor de política Hugo Garciamarín aseveró que la investigación del Gobierno sí puede interpretarse como una “advertencia” ante la elección del Estado de México, que es clave para el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por ser la entidad más poblada del país.

“Es una amenaza, pero no en términos tan frontales como sería con otros actores políticos. Esto se da en el marco de que se acerca la elección del Estado de México, que es fundamental para la supervivencia de cierta élite priista y para el control de mucho más poder que puede tener Morena”, detalló el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El experto considera plausible que haya existido un acuerdo político entre López Obrador y Peña Nieto para la transición electoral de 2018, pero ante la elección del Estado de México del próximo año, que siempre ha estado en manos del PRI, “parece que ese mismo entendimiento previo se está replanteando”.

EL FANTASMA DE PERSECUCIÓN

Los partidos de oposición han acusado al Gobierno de “persecución” y “show mediático” ante esta investigación, y la del actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno, además de reportes en la prensa de información que pidió la UIF a bancos sobre los expresidentes Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).

Esta información trasciende cuando el país se acerca a la elección presidencial de 2024 con un incremento en la inseguridad y la inflación de casi 8 %, su mayor nivel desde 2001, advirtió Garciamarín.

“La imagen del presidente aún es fuerte, pero se ha desgastado”, opinó.

Para la directora ejecutiva de Impunidad Cero, la clave está en que “la Fiscalía General de la República tendría que ser un ente autónomo y justo la autonomía se le da para estos casos, para que no sea una persecución política”.

A pesar del discurso del Gobierno, Tello enunció que en el actual Gobierno “no han avanzado nada” sobre los grandes casos de corrupción, como el de Emilio Lozoya, exjefe de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016 y principal implicado en México del escándalo de sobornos de Odebrecht.

“Más allá de persecución política, lo que tendríamos que ver es que las leyes se aplicaran por parejo a todos. Si hay un delito que perseguir, que se persiga, pero que se investigue y que se llegue a la sanción correspondiente, sin que dependa del Ejecutivo”, manifestó la especialista.