La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Reforma Política-Electoral, inició el curso “Reforma Electoral 2022-2023. Primera Edición”, organizado en coordinación con la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El propósito de este curso, que concluirá el 23 de junio, es adquirir una visión general de los aspectos esenciales sobre la Reforma Electoral 2022-2023; brindará información oportuna, completa, clara, un panorama descriptivo de la misma, así como un ejercicio comparativo respecto de la normatividad anterior.

Los temas serán: “Derechos político-electorales y acciones afirmativas” (12 de junio), “Propaganda gubernamental y promoción personalizada” (13 de junio), “Estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y los OPLES” (15 de junio), “Impactos en los partidos políticos” (16 de junio).

También, “Reglas generales de los juicios electorales” (19 de junio), “Revisión administrativa y juicio electoral” (20 de junio), “Juicio de revisión constitucional electoral” (22 de junio), “Disposiciones transitorias y trámite de las impugnaciones en curso” (23 de junio).

Con el tema “Derechos político-electorales y acciones afirmativas”, Wendy Jarquín Orozco, profesora-investigadora de la Escuela Judicial Electoral, expresó que las acciones afirmativas en su mayoría son cuotas y no pueden tener un carácter de permanencia, sino su expectativa de vida debe ser limitada y están dirigidas a remediar situaciones de discriminación o exclusión para alcanzar la igualdad efectiva.

Indicó que con las acciones afirmativas se trata de resarcir “no años o décadas, sino siglos de exclusión de personas que pertenecen a un determinado grupo, sólo por una determinada cualidad o condición que puede ser innata o no; buscan resarcir esa injusticia histórica, tengan o no un trato preferencial”.  Además, las acciones afirmativas deben ir de la mano de políticas transversales.

Detalló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó asentada la necesidad de hacer una diferencia entre los términos distinción y discriminación, utilizando el primero para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo, y el segundo para hacer referencia a lo inadmisible, por violar derechos humanos.

No toda diferencia de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana. En este sentido, precisó, constituye una discriminación toda exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable, y que redunde en el detrimento de los derechos humanos.

Jarquín Orozco expuso que, de acuerdo con el INE, en México algunos de los grupos en desventaja que requieren acciones afirmativas son: personas indígenas, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, afromexicanas, migrantes y los mexicanos residentes en el extranjero.

En el curso dirigido a legisladoras, legisladores e integrantes de la Cámara de Diputados, las y los participantes expresaron que un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México revela que en el tema de las acciones afirmativas 2021 se encontró que quienes llegaron a cargos públicos por esta medida no reportaron leyes específicas, por lo que se necesitan acciones que permitan a estas personas realmente representar a su sector.

Consideraron fundamental crear mecanismos que eviten la usurpación de la población LGBTTTIQ+, sin vulnerar sus derechos de intimidad, además de que se distingan los términos discriminación y racismo.

Señalaron que la reelección de 130 diputadas y diputados en el pasado proceso electoral representa una responsabilidad de las y los ciudadanos para revisar constantemente su trabajo y, con ello, definir su continuidad en el cargo.