Las cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) reportan que, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2025, existen 117 mil 812 personas desaparecidas y no localizadas en el país.
Ante esta crisis humanitaria, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDyT) acordaron unir esfuerzos para avanzar en la identificación de personas desaparecidas.
En una reunión encabezada por Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, y José Antonio Peña Merino, titular de la ATDyT, se exploró una ruta crítica para formalizar un convenio que permita el uso del Registro Federal de Electores (RFE) —considerada una de las bases de datos más confiables del país— en apoyo a la localización de personas.
El acuerdo plantea la construcción de una agenda de trabajo que abarque temas contemplados en diversas leyes:
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas
Ley General en Materia de Desaparición Cometida por Particulares
Ley del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
Ley General de Población
Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos
De acuerdo con el INE, de las 94 mil 672 solicitudes recibidas, en 32 mil 578 casos se obtuvo al menos un registro útil para identificación, lo que equivale al 34.56%.
Sin embargo, el consejero Arturo Castillo Loza expresó su preocupación porque no se han firmado más convenios con autoridades locales, lo que limita el alcance de estas acciones. Señaló que existe resistencia de algunos gobiernos estatales para colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas, pese a tratarse de una responsabilidad del Estado mexicano.
