El Instituto Nacional Electoral (INE) de México propuso este martes a la Secretaría de Hacienda la instalación de unas 91.000 casillas para llevar a cabo la consulta para investigar por corrupción a expresidentes, esto con el objetivo de reducir el presupuesto del ejercicio.

En octubre de 2020, según estimaciones del propio INE, llevar a cabo la consulta supondría un gasto de 1.500 millones de pesos (unos 74 millones de dólares) y ahora, con el ajuste, sería de 890 millones de pesos (unos 44 millones de dólares).

Este martes, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, relató durante la sesión en la que se aprobó el plan integral y calendario de la consulta popular 2021 que el organismo a su cargo hizo en un par de ocasiones una solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda.

“Incluso se plantearon escenarios distintos más reducidos respecto del que se había planteado el año pasado y que nos llevaba a proponer la instalación de 104.000 casillas”, dijo Córdova en su intervención.

Precisó que en la segunda versión “se ha planteado la no instalación de casillas extraordinarias respecto de la previsión original para llegar a un ejercicio de alrededor de 91.000 casillas”.

Para las elecciones presidenciales de 2018 el INE instaló más de 155.000 casillas y para las elecciones federales del 6 de junio en las elecciones federales, las más grandes en la historia del país, se tiene proyectada la instalación de 163.000.

“El punto es que no hemos recibido todavía respuesta formal de la Secretaría de Hacienda, señaló Córdova.

Dijo que por eso están planteando la hipótesis de “eventualmente sufrir una modificación por parte del Consejo General del INE, porque dependerá de las suficiencias presupuestales que tenga este Instituto para que la consulta se pueda llevar a cabo. Y si se lleva a cabo, en qué condiciones y con qué dimensiones”.

El presidente del INE dijo además que el organismo a su cargo “va a cumplir con sus obligaciones constitucionales en la medida de las posibilidades presupuestales” que otros poderes del Estado han determinado para este Instituto, pero “nadie está obligado a lo imposible”.

A comienzos de octubre de 2020, en una decisión polémica, la Suprema Corte de México avaló la constitucionalidad de esta consulta, si bien, para no vulnerar la presunción de inocencia de los expresidentes, ordenó retirar de la pregunta los nombres de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, dice la pregunta consensuada por los magistrados.