Los consejeros les recordaron a los funcionarios que no pueden realizar propaganda durante veda electoral.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, junto al de Veracruz y seis funcionarios federales como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López integran la lista de servidores públicos ante quienes el INE interpondrá medidas cautelares entre otras no difundir la revocación de mandato.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó medidas cautelares y una tutela preventiva al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y otros 10 integrantes del gabinete federal, senadores, gobernadores y al presidente de Morena; recordándoles que debe apegarse a sus deberes constitucionales de imparcialidad y neutralidad, y que tienen prohibido intervenir y promover la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante los eventos masivos organizados este fin de semana para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador, el PAN y el PRD denunciaron al secretario de Gobernación, a las secretarias Rocío Nahle, de Energía; Alejandra Frausto, de Cultura; y Tatiana Clouthier, de Economía; así como al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja; y al comandante de la Guardia nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Así como a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; y de Veracruz, Cuitláhuac García; al secretario de Seguridad de este último, Hugo Gutiérrez; el senador de Morena, Armando Guadiana; y al presidente de Morena, Mario Delgado; por haber participado a pesar de que la ley se los prohíbe.

Respecto al mal uso de recursos públicos, que también fue denunciado por trasladarse en una aeronave de la Guardia Nacional, omitieron pronunciarse por tratarse de una facultad de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las y los consejeros ordenaron que en un plazo máximo de tres horas, una vez que sean notificados, la secretaria de Energía, el gobernador de Veracruz y su secretario de Seguridad eliminen diversos tuits en los que promovieron estos mítines masivos organizados por la organización Que Siga la Democracia, que lidera Gabriela Jiménez, ex candidata de Morena, a los que asistieron a pesar de que la ley se los prohíbe.