La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dispuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) “lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado”.

Al modificar las medidas cautelares por la controversia promovida por el INE en busca de más presupuesto para llevar a cabo dicho ejercicio democrático, la SCJN analizó los hechos supervenientes que el organismo electoral adicionó a su demanda y dispuso que ninguna autoridad “algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto”.

El acuerdo, publicado en los estrados del máximo tribunal, se refiere al incidente de suspensión de la controversia constitucional 209/2021, que modifica la resolución original, decretada el diez de diciembre del año pasado.

Esta modificación se da luego de que el INE presentó nuevos hechos relacionados con su denuncia inicial, entre ellos la denuncia penal promovida por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en contra de los consejeros electorales, luego de que éstos anunciaron su propósito original de retrasar la revocación de mandato, intención de la que luego recularon.