Empresas mexicanas y extranjeras alistan este miércoles amparos contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este martes, informó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)

Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de Concamin, advirtió que a partir de su publicación las compañías pueden ampararse contra la reforma porque viola la libre competencia al privilegiar a la empresa eléctrica del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Entiendo que ya hay una buena cantidad de empresas que ya tienen armados los amparos y que probablemente los van a empezar a presentar el día de hoy y se tienen 30 días naturales a partir de la publicación”, informó en un evento virtual.

Los recursos legales inician apenas un día después de publicarse en el DOF la reforma eléctrica con la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretende “rescatar” a la CFE del “saqueo” de privados y extranjeros.

El principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

“Lo que le queda al consumidor privado es ampararse contra la medida. Y para esto, como ya se veía que esto se iba a aprobar, estas empresas con sus despachos de abogados han trabajado en preparar los amparos y no es muy difícil”, indicó Salinas.

El industrial previó que hasta 90 % de los casos se basen en amparos que el Poder Judicial otorgó a empresas afectadas por los acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Secretaría de Energía (Sener) publicados el año pasado con disposiciones similares a la ley.

Por otro lado, comentó, las empresas internacionales podrán recurrir a arbitrajes internacionales bajo los acuerdos de protección de inversiones y tratados de libre comercio.

El empresario recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional parte de la política de la Secretaría de Energía porque viola la libre competencia.

“Es muy probable que el Poder Judicial otorgue suspensiones definitivas contra la mayor parte de los cambios que trae la reforma por su clara ilegalidad o anticonstitucionalidad, entonces creo que veremos parados partes de los efectos”, sostuvo.

El representante de Concamin expuso que 63 % del consumo de electricidad en México es del sector industrial y 6 % comercial.

Si se implementa “al pie de la letra”, la reforma causará un sobrecosto de 60.000 millones de pesos (casi 2.870 millones de dólares) porque la electricidad generada por la CFE cuesta más del doble de los privados, sostuvo.

Esto ocurre, señaló, porque las plantas de la empresa del Estado tienen una antigüedad promedio de 40 años frente a 12 años del sector privado.