La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), acusó que la legalización de “autos chocolates” que decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador solo beneficia a “mafias criminales y la burocracia corrupta”, por lo cual no descartó la posibilidad de recurrir a amparos ante el Poder Judicial contra esta decisión de regularizar vehículos ilegales usados de procedencia estadounidense y canadienses.

“Una vez que se publique el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación”, amagaron distribuidores de autos nuevos.

Desde agosto pasado la importación legal de vehículos usados crecieron 69.8 y 84.9% o 5 mil 655 y 6 mil 493 unidades adicionales, respectivamente; mientras que la internación ilegal creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse en breve.

Los empresarios que comercializan y producen vehículos en México advirtieron que la regularización “ilegal” de un parque vehicular de más de 1.5 millones de unidades de autos usados importados de forma ilegal desde Estados Unidos y Canadá provocará menores ventas de modelos nuevos -que de por sí enfrenta problemáticas por la pandemia por el Covid-19 y la crisis económica-, la caída en la recaudación de impuestos y la reducción en el valor de reventa de los autos usados nacionales.

Para registrar este tipo de autos se solicitará una “cooperación” de alrededor de 2 mil 500 pesos. Tan solo en Baja California se espera regularizar más de 500,000 automóviles que circulan en esa entidad de manera ilegal, y se podrá recaudar casi 300 millones de pesos que se quedarán en ese estado “para arreglar los baches”.

Ante la falta de reglas de operación para implementar la regularización de los autos “chocolates”, la Asociación que aglutina a más de 2,500 distribuidores de automotores nuevos exigieron al presidente López Obrador a instrumentar “de inmediato” políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz.

La AMDA, a través del director Guillermo Rosales, se pronunció por “tolerancia cero” al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos pues consideró indispensable acabar con la corrupción aduanera; así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles.

Sin conocer los lineamientos de operación del decreto automotor, los distribuidores pugnaron por desarrollar un plan integral de movilidad para la frontera norte, en el cual se incluyan disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que permitan dotar de un sistema integrado de transporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental mediante el concurso de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) y de la Iniciativa Privada.

Exigió el estricto cumplimiento del ANEXO No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos estatales, mediante el cual asumen responsabilidades para combatir el contrabando automotriz