La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) impulsa reformas a los artículos 7° y 17 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con el objetivo de incluir a las y los profesionales en lenguas indígenas y extranjeras como personal docente.

Adiciona la fracción VI del artículo 17 para que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación establezca los criterios y programas para su desarrollo profesional, considerando la formación, capacitación, actualización, medios de apoyo para el cumplimiento del perfil académico. Los programas de desarrollo se impartirán de conformidad con los criterios que determine la comisión y la autoridad educativa.

En las disposiciones transitorias plantea que los derechos laborales de estas y estos maestros, incluyendo los contratados a través del Programa Nacional de Inglés (Proni), se incorporen al Sistema para la carrera de las maestras y maestros y que la Secretaría de Educación Pública reconozca su antigüedad y derechos laborales enmarcados en la Constitución.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación para dictamen, con opinión de la de Pueblos Indígenas, busca reconocer los derechos lingüísticos, integrando explícitamente al sistema educativo nacional a las maestras y maestros en lenguas indígenas y extranjeras.

Refiere que hablar de bilingüismo y plurilingüismo significa que un país usa más de una lengua cotidianamente, que representan un instrumento de comunicación y un atributo de la identidad cultural y la realización del potencial individual y colectivo.

La legisladora destaca la importancia de fortalecer el entorno educativo de la población indígena que tiene mayor riesgo de no ir a la escuela, no concluir su formación básica obligatoria o no lograr los niveles de aprendizajes esperados, y reconocer e impulsar a maestras y maestros que hacen realidad el derecho a la educación.

Añade que las y los profesores de inglés dependen del Proni y su profesionalización, incorporación y actualización debe ser institucionalizada. Por ello es que propone que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación coadyuve con el establecimiento de criterios y programas para su desarrollo profesional.

Explica que, a partir de 2019, más de ocho mil docentes del Proni subsisten en condiciones laborales distintas a las descritas en la Constitución y las leyes generales; no son reconocidos como maestras y maestros, sino como “asesores externos especializados”, sin seguridad social, aguinaldo, pago de vacaciones, antigüedad y no son considerados dentro del Sistema de Carrera, además de que los recursos del programa han ido en detrimento desde 2018.

“Un sistema educativo actual no se puede concebir sin que sea igualitario, equitativo y con pleno respeto a las y los docentes que trabajan por la educación y, si bien las leyes secundarias pretendieron cubrir el mandato constitucional, algunos derechos se quedaron en una aspiración”, puntualiza.