¿Recaudación o estrategia efectiva contra la obesidad?

Como parte de los esfuerzos para frenar la epidemia de sobrepeso y obesidad, las autoridades sanitarias y fiscales han apostado por gravar bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. La lógica es clara: encarecer su consumo para desalentar hábitos nocivos y promover elecciones más saludables. Sin embargo, la evidencia científica muestra que el impacto de estos impuestos, por sí solos, es limitado.

Resultados aún poco concluyentes

Una investigación difundida por la editorial londinense Dovepress, del grupo Taylor & Francis, advierte que los efectos en la reducción de peso, Índice de Masa Corporal (IMC) y prevalencia de obesidad no son estadísticamente significativos si la medida se aplica de manera aislada.

El Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), con base en datos de la plataforma ResearchGate, coincide en que el éxito de estas políticas requiere coordinación intersectorial, educación nutricional y transparencia en el uso de los recursos recaudados. Sin ese enfoque integral, los impuestos corren el riesgo de convertirse en simples mecanismos recaudatorios con bajo impacto sanitario.

El fenómeno de la inelasticidad

El consumo de bebidas y alimentos con alto contenido calórico responde a un fenómeno conocido como inelasticidad, es decir, aun cuando su precio aumenta, la demanda se mantiene casi igual. Este comportamiento reduce la efectividad del impuesto como herramienta de salud pública.

A ello se suma la escasa claridad sobre el destino de los ingresos obtenidos, pues no existe evidencia contundente de que se reinviertan en programas de nutrición, prevención o atención médica vinculada con la obesidad.

La propuesta fiscal para 2026

El proyecto de Ley de Ingresos 2026 plantea un incremento sustancial en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para productos con alto contenido calórico.
En el caso de las bebidas azucaradas, la cuota pasaría de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro, prácticamente el doble, además de incorporar por primera vez a los edulcorantes dentro del esquema impositivo, al reconocer su uso en formulaciones industriales.

Este ajuste se aproxima al umbral del 20 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera esa tasa suficiente para desalentar el consumo de azúcares añadidos. No obstante, la propia OMS subraya que estas medidas deben complementarse con políticas educativas y campañas sostenidas de salud pública para lograr un cambio real en los hábitos alimenticios.

El caso mexicano: una década de resultados mixtos

De acuerdo con un informe del Banco Mundial, México mostró avances iniciales tras la implementación del impuesto en 2014: las compras de bebidas azucaradas cayeron 6 % el primer año y 9.7 % el segundo, con reducciones más notables entre los hogares de bajos ingresos.

Sin embargo, la recaudación por IEPS no petrolero —que incluye estos productos— se estabilizó e incluso continuó creciendo, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), lo que refleja un consumo que, aunque moderado, persiste.

Una enfermedad de múltiples causas

Especialistas advierten que la obesidad es un problema multifactorial en el que influyen factores genéticos, ambientales, emocionales y sociales. Por ello, los impuestos deben verse como una herramienta complementaria, no como la solución central.

Combatir el sobrepeso exige políticas públicas integrales, educación alimentaria desde la infancia, espacios seguros para la actividad física y campañas de concientización que trasciendan la lógica fiscal. Solo así, los impuestos a productos calóricos podrán transformarse en verdaderos instrumentos de salud pública.