De Política Alejandro Álvarez Manilla

La propuesta de imponer un impuesto del 3.5% a las remesas que envían los migrantes indocumentados a México ha despertado un intenso debate. A primera vista, podría parecer una medida destinada a incrementar los ingresos fiscales o a regular flujos económicos transfronterizos. Sin embargo, cuando se analiza con mayor profundidad, queda claro que esta iniciativa no solo es injusta, sino también contraproducente desde el punto de vista económico, social y humano.

Un castigo a los más vulnerables

Los migrantes indocumentados, lejos de ser una carga, son uno de los pilares invisibles de la economía tanto en los Estados Unidos como en sus países de origen. Trabajan en condiciones muchas veces precarias, con salarios bajos y sin acceso a servicios básicos como salud o seguridad social. A pesar de ello, cada año envían miles de millones de dólares a sus familias, quienes dependen de ese dinero para sobrevivir, cubrir necesidades básicas, pagar educación y salir adelante.

Gravar esas remesas es, en esencia, castigar a quienes menos tienen. Se trata de un impuesto regresivo, que afecta desproporcionadamente a personas con bajos ingresos. Además, introduce una carga adicional sobre un acto de solidaridad: enviar dinero a casa.

Consecuencias económicas negativas

Desde el punto de vista económico, este impuesto también resulta contraproducente. Las remesas son una de las principales fuentes de divisas para México —en 2023 alcanzaron los 63 mil millones de dólares— y cumplen un rol estabilizador en muchas regiones del país. Gravar estos envíos podría reducir el flujo de dinero hacia comunidades que dependen de ellos para mantener pequeñas economías locales funcionando.

Además, es probable que este tipo de impuestos fomente el uso de canales informales o ilegales para el envío de dinero, lo que dificultaría su regulación y vigilancia, e incluso abriría la puerta al lavado de dinero y otros delitos financieros.

Una señal equivocada

Más allá del aspecto económico, imponer un impuesto de este tipo envía una señal profundamente equivocada. En lugar de reconocer el valor del esfuerzo de los migrantes, los estigmatiza y penaliza por su estatus migratorio. Este tipo de políticas refuerzan la narrativa de exclusión y marginación, cuando lo que se necesita es avanzar hacia una visión más humana e inclusiva.

México tiene una deuda histórica con su diáspora. Son millones los que se fueron por falta de oportunidades, y que ahora sostienen a sus familias y a muchas comunidades enteras. El gobierno debería protegerlos, no usarlos como fuente de recaudación.

El impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por migrantes indocumentados no solo es una medida injusta y moralmente cuestionable, sino también económicamente ineficiente. En lugar de castigar a quienes sostienen a muchas familias mexicanas desde el extranjero, el Estado debería buscar formas de reconocer su aporte y brindarles mecanismos seguros, accesibles y dignos para enviar dinero a sus seres queridos.

Gravar la solidaridad es un error. Y este impuesto lo es.