Para incluir como atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe llevar a cabo un registro de usuarios de telefonía móvil, el diputado del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, impulsa una iniciativa para adicionar una fracción XLII Bis al artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La propuesta, turnada a la Comisión de […]
Para incluir como atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe llevar a cabo un registro de usuarios de telefonía móvil, el diputado del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, impulsa una iniciativa para adicionar una fracción XLII Bis al artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La propuesta, turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, precisa que dicho padrón será actualizado con el registro de titulares de líneas de prepago y pospago; será gratuito y los datos deben ser eliminados de los registros después de un año calendario de la conclusión del servicio.
En el registro se recabarán datos como el número telefónico correspondiente a la línea adquirida, nombre completo, Clave Única de Registro de Población (CURP) y número de identificación oficial con fotografía.
En el caso de menores de edad, el registro deberá ser acompañado de una persona adulta que proporcione los datos requeridos y si se trata de turistas extranjeros se les requerirá su nombre, nacionalidad y número de pasaporte.
La reforma establece que “el mal uso de la información recopilada en el registro de usuarios de telefonía móvil será sancionado por el Instituto en el ámbito de las atribuciones que le confiere la Constitución y en los términos que fijan esta Ley y demás disposiciones legales aplicables”.
En la exposición de motivos, explica que las SIM Cards o tarjetas SIM son pequeñas tarjetas de plástico con un chip que se insertan en los teléfonos móviles para conectarlos a una red de telefonía móvil y permiten realizar llamadas de un dispositivo telefónico a otro pues cada una de ellas almacena información vital como el número de identificación único, los contactos y las claves de acceso de un usuario concreto en una operadora de telefonía.
Puntualiza que a pesar de las propuestas de reforma que se han presentado a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer un mecanismo que permita tener un control de los usuarios de tarjeas SIM, los delitos que se realizan a través de las redes de comunicación telefónica siguen en aumento.
Resalta que los servicios de telefonía representan un eslabón importante para mantener bien comunicada a la sociedad, ya que el acceso a internet y redes sociales o la red para realizar llamadas telefónicas son los medios digitales más utilizados por los usuarios para comunicarse. También, algunos usuarios los utilizan con fines personales o como medio de promoción para sus negocios o actividades profesionales.
Advierte que hay personas que utilizan estos servicios para delinquir, especialmente por tratarse de un medio que se encuentra al alcance de todos. La delincuencia ha aprovechado los medios digitales para conocer u obtener información sensible de personas o de empresas para atentar contra la integridad, el patrimonio y la vida de terceros.
Señala que los delitos a través de los medios de comunicación son muy frecuentes debido al fácil acceso que un usuario tiene para adquirir un dispositivo que así se lo permita, utilizando principalmente el teléfono celular; entre ellos se encuentran el fraude y la extorsión, de los que han sido víctimas muchos usuarios a través del engaño o presión psicológica.
Los tipos de extorsión ejercidos son de manera indirecta, ya que se realizan a través de medios de comunicación como el teléfono o las redes sociales y no existe un contacto directo o personal entre la víctima y agresor.
El diputado Núñez Aguilar hace notar que las extorsiones por medio de las redes de telefonía han ido creciendo de manera significativa pues, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extorsión telefónica es el delito más frecuente en 14 entidades de la República, siendo el centro del país el lugar donde se concentra mayormente.
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