Hugo Aguilar Ortiz, quien se identifica como candidato indígena, encabeza la contienda hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según los primeros resultados de la jornada electoral. Con el número 34 en la boleta electoral de color morado —correspondiente a la elección de ministros—, hasta el mediodía del lunes acumulaba 3 millones 287 mil 099 votos, lo que representa un 5.14 % de la votación, superando a las actuales ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Originario de la región mixteca de Oaxaca, Aguilar Ortiz centró su campaña en el lema “¡Ya nos toca!”, acompañado de frases como “amor y compromiso”, y luciendo guayaberas similares a las del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En su perfil en el sitio ¡Conócelos! del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó que su motivación para postularse radica en su visión del cargo como un acto de servicio: “como indígena, un cargo es sinónimo de servicio y busco ponerme al servicio de la justicia y de los pueblos”, escribió.

Especialista en derechos de los pueblos indígenas, Hugo Aguilar cuenta con una maestría en Derecho Constitucional. Desde hace casi siete años, se desempeña como coordinador general de derechos indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Su enfoque jurídico se basa en una justicia con perspectiva pluricultural y centrada en los derechos humanos. Para él, la justicia no debe limitarse a aplicar la ley, ya que —según afirma— “la verdad legal pocas veces coincide con la verdad real”.

En su propuesta como aspirante a ministro, sostiene que el verdadero desafío del Poder Judicial es acercar la justicia a la realidad cotidiana: “Debe ser útil, generar paz y tranquilidad. Las resoluciones deben unir, no ser el origen de nuevos conflictos”, afirma.

Aguilar Ortiz podría convertirse en el próximo presidente de la SCJN por un periodo de dos años. A lo largo de su trayectoria ha representado legalmente a más de 40 comunidades indígenas en disputas agrarias y en conflictos entre el sistema jurídico estatal y las normas indígenas.

También participó como parte del grupo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la elaboración de propuestas de reformas constitucionales presentadas a la Comisión de Concordia y Pacificación. En 2006, promovió seis controversias constitucionales ante la SCJN contra la Ley de Radio y Televisión, argumentando que dicha normativa excluía el derecho de los pueblos indígenas a operar sus propios medios de comunicación.

Además, fue representante legal del municipio guatemalteco de Santiago Atitlán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, así como asesor jurídico de diversas organizaciones indígenas.