Miscelánea, salud y política Judith Álamo López

Todavía no entra en funciones Claudia Sheinbaum y ya empieza a aclararse el panorama para quienes pensaron que una mujer con preparación científica y universitaria podría ser quien rescatara al país del caos propiciado por la pretensión obradorista de constituir un sistema de gobierno hegemónico-militarizado, donde las minorías carezcan de representación proporcional en el Congreso y el Poder Judicial, de independencia, pues, frente al Ejecutivo.

Parece que vamos por un gobierno de mayorías, que quiere reducir a la mínima expresión a la oposición, que se sobrerrepresentada en el Poder Legislativo y que quiere quebrantar la autonomía del Poder Judicial; que ataca con virulencia y aplica la fuerza del Estado en contra de quien lo confronte, critique o simplemente le exija el cumplimiento de la ley.

Cuando se le cuestiona a la presidenta virtualmente electa quién gobernará el país a partir del 1 de octubre no se tratan de “comentarios misóginos hechos por actores políticos o medios de comunicación” como ella reclamó, al menos las principales inquietudes no se centran en el hecho de que la virtualmente elegida presidenta sea mujer, son inquietudes precisas  frente a la conducta de un mandatario que amaga con destruir los poderes que sustentan a la República democrática, antes de abandonar la plaza. En juego están su ego y trascendencia como héroe nacional.

Creo que tampoco se trata de querer que rompa con su preceptor, eso de que “no pintará su raya con él nunca” porque “sería pintar la raya con el pueblo de México” otra vez desconcierta la literalidad de sus palabras, pues el pueblo de México no solamente está representado por los casi 36 millones de votos recibidos por Morena, PTy PVEM, quienes seguramente coinciden en el liderazgo de AMLO y avaló a Claudia Sheinbaum para darle continuidad al proyecto político. Lo que se espera es que ella sea quien asuma el cargo y gobierne para todos los mexicanos.

El oficialismo recibió el 57% del total de sufragios, esto representa la mayoría de los 60 millones 114,180 personas que salieron a votar, de un total de 98 millones 320 mil 591 inscritos en la lista nominal del Padrón Electoral 2024. Pero si sumamos a los votos de oposición más de 1.5 millones de votos nulos y el total de abstencionistas que no comparten los ideales de la 4T, esta sería realmente la mayoría ciudadana.

Mientras subsista un régimen democrático, con sistema de partidos políticos, con pluralidad ideológica, la próxima gobernante y sus huestes no debieran soslayar que el pueblo está conformado por el 43% que votó en la eleccion presidencial por la oposición (los 16 millones 502,458 votos a favor de Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición PAN,PRI,PRD y los 6 millones 204,518 votos a favor de Maynez, de Movimiento Ciudadano), incluidos 1.5 millón de votos anulados por diferentes razones y más de 38 millones  de ciudadanos que no votaron.

¿Quién podría defender esos derechos? Tocaría a los partidos políticos de oposición, pero ellos atraviesan por disputas internas por las presidencias de sus organizaciones (PAN y PRI), y en peleas intestinas gastan su minada energía y representatividad social, acusándose mutuamente, los dirigentes de antes y los de hoy, de ser responsables de las peores debacles sufridas ante las urnas.

En lugar de ocuparse de realizar un diagnóstico de las razones de su retroceso y unidos enfrentar la acometida oficial para imponerles la sobrerrepresentación que les permita cambiar la Constitución a su antojo y aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación para elegir mediante voto popular a ministros, magistrados y jueces.

Mientras el principal dique de contención para los afanes de concentración hegemónica del Poder, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, símbolo del México independiente, a punto de cumplir 200 años, está siendo sometida a presiones sin precedente, con el pretexto de acabar con la corrupción y su costo oneroso, la 4T ha decidido intervenirla con “elecciones del pueblo”, poniendo fin a la resolución de amparos conforme al derecho constitucional  para obligar a juzgadores a hacerlo con apego a sus intereses políticos .

Para muestra de lo que realmente se busca al impulsar la reforma del Poder Judicial  está la andanada que encabezó el propio presidente López Obrador exigiendo juicio político en contra del Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza, a quien se acusó de actuar de manera facciosa, al emitir una orden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para designar a dos magistrados que faltan para completar el pleno de la Sala Superior y calificar la elección presidencial.

El Tribunal, mediante un acuerdo, rechazó la competencia del juez para imponer medidas cautelares respecto a la integración de su Sala Superior y en lugar de resolver el recurso como procede, presentó demanda penal en su contra, Qué paradoja, el Tribunal que fue presidido por su padre, el ministro José Luis de la Peza en el año 2000, el mismo que calificó con limpieza la primera elección presidencial de oposición, decidió llevar al banquillo de acusados al hijo, como juez de Distrito.

Al linchamiento se sumaron legisladores morenistas solicitando la suspensión inmediata del juez al Consejo de la Judicatura Federal. Hasta la presidenta virtualmente electa Sheimbaun pidió “que se investigue, ya que en el pasado ya dictaminó en nuestra contra, ¿cuáles son las razones de este juez que actuó fuera de funciones”.

El juez, atemorizado por la lapidación, consideró imprudente y excesiva la respuesta de las diferentes instancias, él esperaba que como correspondía la suspensión se resolvieran dentro del TEPJF, en el marco jurídico y judicial establecido, porque bajo esos criterios siempre ha actuado conforme a la ley y la Constitución, con respeto a la independencia judicial y aseveró que sus resoluciones están apegadas a derecho y negó actuar por consigna política ni por encargo.

Qué tipo de Poder Judicial nos espera cuando hemos visto en el sexenio que se extingue cómo el Poder Ejecutivo condena todo lo que se oponga o lo cuestione, presume de legalidad, legitimidad y moralidad, pero a quien actúa o piensa diferente a la 4T, le violan sus derechos civiles y humanos.

Cómo explicarse que orgulloso festeje el quinto aniversario de la Guardia Nacional el comandante de las fuerzas armadas, custodiado por los engalanados jefes del Ejército y la Armada, mientras los homicidios al 2 de julio habían rebasado los 191 mil 300 y las masacres se hayan convertido en cotidianas, banalizadas por la autoridad con el epíteto: “son una lamentable confrontación entre grupos delictivos”.

El país sigue ensangrentado, aplicando una estrategia fallida de seguridad pública para contener a los criminales, traficantes de migrantes y de drogas, los habitantes temerosos cierran sus hogares y abrazan a los suyos mientras sudorosos sienten el escalofrío por la muerte del vecino, del familiar cercano y rezan para que a ellos no les toque. Otros huyen de amenazas, familias enteras abandonan sus casas, dejan atrás sus tierras, sus pueblos, sus pertenencias para salvar la vida.

Parece que bastaron 5 años y 8 meses de gobierno populista para que emergiera una voluntad colectiva nacional popular entre los mexicanos quienes decidieron, por mayoría, restaurar el círculo ancestral paternalista creado desde la Conquista:  “búsqueda de protección y tutela a cambio de obediencia, resistencia e insubordinación”.

Vale la pena revisar el libro: Hegemonía y 4T, un debate gramsciano, editado por la UAM Xochimilco, donde se refieren a la determinación de trascender implícita en el nombre adoptado por López Obrador para su gobierno, quien aspira a ocupar un lugar en el olimpo de los héroes de la patria.

 Hasta se menciona que no es improbable que en el Grito de Independencia de 2025 se agregue el nombre del tabasqueño a la lista de los vitoreados héroes nacionales. Ya podríamos apostarlo, con lo que hemos visto hasta ahora de la próxima mandataria.