El secuestro, el reclutamiento forzado y la violencia sexual en las filas de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) son heridas que siguen abiertas en miles de víctimas que exigen verdad, justicia y reparación, cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y el grupo rebelde.

Aunque la tasa de secuestro por cada 100 mil habitantes cayó de 5.2 en 2003, a 0.2 en 2020, las lesiones psicológicas y emocionales aún no han cicatrizado.

El Acuerdo de Paz se firmó el 24 de noviembre de 2016, y “pone fin a la violencia con [la] guerrilla de las FARC-EP, la más grande de Colombia, que estuvo activa desde 1964, y llegó a concentrar más de 20 mil hombres en armas que enfrentaban al Estado colombiano”.

El ex gobernador del departamento sureño del Meta, Alan Jara, estuvo secuestrado por las FARC-EP en las selvas colombianas durante ocho años. Pese al tiempo transcurrido desde la firma del Acuerdo, Jara dijo a Zenger que aún hay muchas heridas por sanar en las víctimas del conflicto armado y en la misma sociedad.

El conflicto dejó “millones de víctimas, asesinatos, masacres, reclutamiento de menores y todas esas circunstancias tan desafortunadas y terribles que se vieron en un conflicto tan degradado como el colombiano. Eso era lo que se evidenciaba antes de la firma de los acuerdos de paz, y eso es lo que se está evidenciando ahora con los mecanismos de verdad y justicia transicional”, dijo.

“Para muchos colombianos, conocer estas circunstancias genera un choque, poder pasar esa página de perdón, nunca del olvido, porque hay circunstancias que no deben olvidarse. Eso genera el dolor, que es natural, producto de situaciones tan terribles que se vivieron en el conflicto”.

Reclutada y violada 

Lorena Murcia es una de las decenas de mujeres que fueron objeto de reclutamiento forzado y violadas en las filas de las FARC-EP. Ella fue reclutada en 2002, en el departamento sureño de Caquetá. Murcia aún no logra sanar sus heridas y sigue esperando verdad, justicia y reparación, dice.

“Entré a las FARC a los 10 años. Sufrí violencia sexual, abortos forzados, cuatro hermanos desaparecidos en las FARC, que se los llevaron de 11 añitos. En estos momentos, aún siguen desaparecidos. No sabemos por qué murieron, ni en qué condiciones; no sabemos nada de ellos”, dijo a Murcia a Zenger.

Dijo que tiene otro hermano “que también fue reclutado a los 11 años, [pero] se logró volar [escapar] de las FARC siendo menor de edad y lamentablemente las FARC lo asesinaron hace 6 años por estar trabajando con el ejército. Hemos sufrido la violencia de todas las maneras posibles.

“No contentos con eso. Cuando yo me desmovilicé y me entregué a las fuerzas militares, las FARC despojaron a mi mamá de todo. Le quitaron su casa y le dieron unas horas para salir del pueblo. Salí [de las FARC] el 8 de octubre del 2008”.

Dijo que lo más duro fue “ver que mi infancia se frustró totalmente a manos de ese grupo y ver como las mujeres éramos pisoteadas y no podíamos hacer nada, y nadie hacía nada por nosotras … Nada. Ver cómo se abusaba de las mujeres, ver cómo nos maltrataban física y psicológicamente”.

Lo más traumático y triste para Murcia fue ver “que muchas mujeres quisieron resistirse y no pudieron porque fueron asesinadas a manos de esos terroristas de las FARC, que hoy gozan de total impunidad”.

Una máquina asesina

El excombatiente de las FARC-EP y representante de la cooperativa Cooagropaz, Víctor Hugo Silva, dijo que los desmovilizados están comprometidos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, para esclarecer lo ocurrido en el conflicto armado.

Colombia debe conocer “qué fue lo que paso dentro del conflicto, y su prolongación que degradó al ser humano, convirtiéndolo en una máquina asesina de parte y parte. No fue de un solo sector; no se trata de quiénes fueron los mejores y quiénes los peores. [De] lo que se trata es [de] conocer qué fue lo que ocurrió. Esto es lo que esperan las víctimas, responsabilidad, pero con verdad”, dijo Silva a Zenger.

El compromiso con las víctimas es de todos los que estuvieron involucrados en la confrontación armada, y “crear estrategias de evadir la verdad no nos favorece ante este reto que tiene la JEP. … Verdad, reparación y no repetición, es fundamental, para llegar a la reconciliación”, dijo Silva.

En cuanto a los cinco años de aniversario del Acuerdo de Paz, Silva dijo que el gobierno y la dirigencia del Partido Comunes (que agrupa a desmovilizados de las FARC-EP) no están dando importancia al trabajo en los territorios afectados por el conflicto armado.

“Si los mecanismos para la paz no llegan a los territorios, va a ser difícil la consolidación del mismo proceso. La centralización de este proceso es lo que no permite que tenga una dinámica en torno al desarrollo y bienestar de los excombatientes”, dijo.

Verdades que duelen 

Los casos de secuestro, reclutamiento forzado, violencia de género, desplazamiento y desapariciones, entre otros, son investigados por la Comisión de la Verdad, creada por el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

En el último informe, “Entender el pasado para no repetirlo”, la Comisión de la Verdad dijo que adelantaba “una Investigación rigurosa basada en cerca de 25 mil testimonios y entrevistas, más de 800 informes recibidos por parte de organizaciones y entidades de diferente naturaleza (entes del Estado, organizaciones sociales y fundaciones, entre otras)”.

“La paz en Colombia está cargada de verdades que duelen ahora y van a seguir doliendo mucho, pero a lo que hay que apostarle es [a] que esas verdades sabidas se conviertan en lecciones de historia, de memoria y pedagogía social, para que estas atrocidades no se repitan. Esto es una de las tareas fundamentales de los Acuerdos”, dijo a Zenger Gonzalo Sánchez, el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica y Premio Nacional de Paz.

“Los actores del conflicto armado tienen la obligación de reconocer las atrocidades cometidas, y no es para que nos volvamos otra vez a polarizar y la sociedad cierre las puertas a quienes asumieron esa responsabilidad y compromiso, materializando convincentemente que hicieron una apuesta seria y que tanto el Estado como la sociedad tienen que ser consecuentes con lo que ellos se comprometieron”, dijo.

“Es una negociación dolorosa, como dolorosa fue la guerra y doloroso va a seguir siendo afrontar los resultados diariamente. Pero hay que confiar, porque a la larga, [el proceso] tiene un efecto sanador para todos, para las víctimas, incluso para los propios perpetradores, y sanador sobre todo para la sociedad”, dijo Sánchez.

Instituciones como la JEP “le dan vida a los acuerdos, que los materializa en escenarios de reconocimiento de la gravedad de lo que pasó en la guerra, pero con una óptica constructiva de sanar, reparar, reconocer y transformar”, dijo.

La firma del Acuerdo de Paz busca superar las heridas, dice Jara. “Los colombianos no podemos mirarnos solamente en el espejo retrovisor y no pasar adelante, hacia la posibilidad de la reconciliación y de implementar el acuerdo plenamente”.

Lo más importante del Acuerdo fue “la terminación del conflicto y que ello haya redundado en la disminución de homicidios, secuestros, y algo fundamental es el esclarecimiento de la verdad”.

A cinco años de la firma, “hay temas que están muy claros, como la reforma rural integral y la solución al problema de las drogas. El tema de [las] víctimas tiene un rezago muy notable y eso hace que no a todas las víctimas les haya llegado la acción que debe tener el Estado, no solo como consecuencia de la implementación de los acuerdos, sino por la implementación de la Ley de víctimas”, dijo Jara.

“Yo soy un convencido de las bondades de la paz; por eso creo firmemente en la necesidad de implementar ese proceso y de llegar a un acuerdo que, como todo acuerdo, nunca es perfecto”, dijo. Agregó que las bondades y los costos de la paz son superiores si se comparan “con el dolor y la tragedia de la guerra”.

Editado por Melanie Slone y Gabriela Alejandra Olmos