Refiere que en años anteriores, tres gobernadores en funciones fueron denunciados por operaciones financieras irregulares.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) no sólo ha denunciado irregularidades en las operaciones con recursos por parte del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino que otros tres gobernadores en funciones en años anteriores, fueron denunciados, afirmó el titular de dicho organismo, Santiago Nieto.

Al rendir testimonio público y por la vía virtual, ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en el proceso de desafuero contra el mandatario tamaulipeco, Nieto Castillo refrendó que el señalado está bajo investigación, entre otras razones, por operaciones financieras que no corresponden al nivel de sus ingresos.

No precisó los nombres de los otros “tres gobernadores” que en su momento, fueron denunciados por la Unidad de Inteligencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones financieras irregulares y posible involucramiento en lavado de dinero.

El mandatario de Tamaulipas, al que siempre identificó como Francisco “N”, también utilizó empresas “fachada” y operaciones conjuntas con familiares suyos, para comprar inmuebles en México y Estados Unidos, reiteró. Incurrió en probable corrupción, al contratar empresas “fachada” y a las cuales se asocian personas identificadas como sus prestanombres, para realizar obras públicas en Tamaulipas, que no se concretaron.

Entre otras anomalías, dijo Nieto Castillo en calidad de testigo, no reportó sus ingresos reales al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre 2015 y 2019, Francisco “N” percibió aproximadamente 140 millones de pesos, de los cuales sólo enteró a Hacienda el equivalente al 33 por ciento, es decir, aproximadamente 46 millones de pesos. “Y con la participación accionaria en dos empresas, una productora rural y otra ubicada en o mejor dicho, creada en los Estados Unidos.

La transacción financiera de productora rural es de 104 millones de pesos y envía entre 2013 y 2019, 124 millones de pesos, esto para nosotros es importante resaltarlo, en razón de que las operaciones no son acordes, no son acordes con sus declaraciones patrimoniales, ya que de 2015 a 2019 reportaba ingresos por 42.1 millones de pesos, es decir, declaró un 33 por ciento de sus ingresos”, abundó.

El titular de la UIF hizo énfasis en el tema de la compra de un departamento en la zona de Santa Fe, en el año 2013, para lo cual el hoy gobernador, recibió un préstamo por 14.3 millones de pesos, a través de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), que con un día de anticipación, recibió una cantidad similar proveniente de dos empresas “empresas fachada” ligadas al Cártel de Sinaloa. Detalló que a finales de 2019, el departamento señalado fue vendido por Francisco “N” a la empresa “I”, la cual le transfirió 42.1 millones de pesos. La empresa “I” había recibido de manera previa, 44.8 millones de otra empresa denominada “Avalúos”, identificada como fachada, y que también en 2019, antes de la venta del departamento, recibió una cantidad casi idéntica, 46.3 millones de pesos, de seis empresas “fachada” ligadas al Cártel de Sinaloa.

Dichas empresas irregulares, fueron denunciadas por la UIF e incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, en 2019.

Durante una larga presentación de testimonios y una atropellada fase de respuesta a los cuestionamientos del abogado del gobernador, Nieto Castillo hizo al menos una referencia ajena a la materia del desafuero.

Provocaron incomodidad y reclamos de la defensa de la parte acusada, las expresiones sobre su detención por el delito de robo de armas en 1986, en Estados Unidos; así como las operaciones de compra y venta de inmuebles a través de empresas involucradas con lavado de dinero y el Cártel de Sinaloa.

En la diligencia testimonial, el abogado del gobernador, Alonso Aguilar Zinser, y el titular de la UIF intercambiaron señalamientos y terminaron ofreciendo disculpas.

Santiago Nieto afirmó que el abogado Aguilar Zinser lo había denunciado por un caso ligado al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, hecho que el litigante negó. El mandatario tamaulipeco está señalado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, ajenas a la materia del desafuero.