En el gran fraude cometido contra Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entre 2019 y 2020 a través de las empresas paraestatales Liconsa y Diconsa por más de 15 mil millones de pesos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha judicializado ya seis de 39 carpetas de investigación, obtenido 54 órdenes de aprehensión, y se ha iniciado proceso penal en contra de 17 implicados en lo que denominó “una organización criminal dedicada a distraer recursos públicos que estaban destinados a la adquisición de productos lácteos y de canasta básica que beneficiarían a los sectores más pobres y vulnerables del país”.

En la red de corrupción participaron ex funcionarios, empresarios y personas físicas, refieren las indagatorias y pruebas obtenidas por la FGR, así como denuncias y elementos aportados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las cuales han sido presentadas ante jueces federales.

La FGR documentó la red delictiva en la causa penal 111/2023, que fue analizada judicialmente los días 27 y 28 de marzo durante la audiencia inicial y los días 2 y 3 de abril durante la etapa de imputación ante el juez Gregorio Salazar Fernández en instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, en Almoloya de Juárez.

En la causa 111/2023, la FGR informó judicialmente la existencia de un fraude por 435 millones 124 mil 979 pesos, y el desvío de más de 520 mil litros de leche líquida con valor de mil 251 millones 968 mil 743 pesos.

En las audiencias la FGR dio a conocer a los que “prepararon, celebraron y ejecutaron” los convenios con los que se simularon la compra y producción de bienes; y los señala de ser “artífices de tramitar la suficiencia presupuestal para cubrir los pagos y liquidar los contratos sin que exista prueba alguna de la recepción de bienes, y también de haber articulado la dispersión de recursos”.

El grupo delictivo, según la FGR, fue encabezado por René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas de Segalmex, y Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de esa institución. Ambos eran los hombres más cercanos al ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, quien por decisión presidencial fue designado titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

En la organización delictiva también participó, según la FGR, Bernardo Fernández Sánchez, ex director de operaciones de Liconsa. Antes de convertirse en funcionario fungió, del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018, como director corporativo de Grupo Kosmos, el más grande conglomerado de empresas dedicadas a prestar servicios de alimentación en comedores institucionales y a la elaboración de despensas.

El juez de control Gregorio Salazar Hernández determinó: “la organización delictiva innominada operó de manera reiterada desde 2018 hasta 2021”.

Para lograr su objetivo, la red de corrupción se dividió en niveles: los líderes, Gavira, Lozano y Fernández; en el segundo nivel ocho directivos de Segalmex, Liconsa y Diconsa; en el tercer escalón dos empresas fachadas: Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna SA de CV (Coprolac) y Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV; y una decena de empresas y personas físicas que sirvieron para dispersar los recursos ilícitamente obtenidos.

El caso Segalmex constituye el mayor desvío de recursos detectado por esta administración. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) ha judicializado seis indagatorias.