La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios y exfuncionarios relacionados con su administración.

A través de un comunicado oficial, la dependencia informó que la medida fue ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con base en reportes bancarios denominados LPB 24 Horas, con el propósito de salvaguardar la integridad del sistema financiero nacional.

La SHCP detalló que la inmovilización de cuentas se originó a partir de señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos. Debido a las relaciones de corresponsalía que mantienen instituciones financieras mexicanas con bancos estadounidenses, se generaron alertas sobre clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas (PEP).

La dependencia subrayó que el bloqueo de cuentas no representa una resolución definitiva ni constituye una prueba de responsabilidad penal o administrativa, sino una acción preventiva de carácter administrativo.

Horas antes, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las cuentas de Rocha Moya y otras nueve personas fueron congeladas como parte de un mecanismo preventivo derivado de acciones judiciales en Estados Unidos.

La mandataria explicó que estas medidas se activan de forma automática cuando existen órdenes de aprehensión emitidas en territorio estadounidense y los bancos, debido a sus vínculos operativos internacionales, aplican protocolos de prevención financiera.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró que la UIF no mantiene una investigación directa contra el mandatario con licencia ni contra los demás señalados.

La decisión ocurre semanas después de que el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York señalara a Rocha Moya por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico y supuesta protección al grupo criminal conocido como Los Chapitos.

Según los documentos judiciales, el político habría recibido apoyo de integrantes de esta organización durante la elección de gobernador en Sinaloa en 2021. Las acusaciones sostienen que integrantes del grupo habrían intervenido para favorecer su candidatura y posteriormente se habrían realizado reuniones relacionadas con presuntos acuerdos para facilitar operaciones ilícitas.

Entre los otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses figuran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

Hasta el momento, Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez permanecen detenidos en Estados Unidos, de acuerdo con la información disponible.