Fernando Vázquez Rigada El gobierno quiere imponer una visión única de vida. Cuidado: no hay nada más peligroso que una idea, cuando es la única que tienes. Estamos viviendo un riesgo mayúsculo para la libertad de expresión, el derecho a la información y la libre competencia. La ley de telecomunicaciones propuesta por el poder ejecutivo […]
Publicado por Redacción MH
Fernando Vázquez Rigada
El gobierno quiere imponer una visión única de vida. Cuidado: no hay nada más peligroso que una idea, cuando es la única que tienes.
Estamos viviendo un riesgo mayúsculo para la libertad de expresión, el derecho a la información y la libre competencia.
La ley de telecomunicaciones propuesta por el poder ejecutivo incluye una serie de medidas autoritarias que deben alertar a la sociedad.
La premura con la que se aprobó la iniciativa en comisiones, tan sólo unas horas después de ser presentada, habla de un albazo legislativo. La comisión dominada por el oficialismo no cambió una coma de las herramientas de censura que incluye.
Son varias. No sólo una.
La ley atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información, dos pilares de los derechos humanos, la democracia y la libertad de las personas.
Concentra todo el poder discrecional en una Agencia Digital, empleada del ejecutivo. Esta agencia asume la mayoría de las funciones del IFT. No obstante, ese instituto era autónomo, no dependía de Presidencia. Pero se agregan otras facultades.
A saber: le da a esa agencia -es decir, al gobierno—, la capacidad de bloquear plataformas digitales y redes sociales (art 109). Igual que en China, donde el gobierno impide a las personas acceder a X, Facebook, Instagram o Whatsapp.
Otorga al gobierno, algo que se ha dicho poco pero que es gravísimo, la facultad de rastrear teléfonos celulares sin orden judicial (art 160), como en Rusia.
Le mandata para autorizar contenidos producidos en el exterior para transmitirse (art 184). Hablando claro: antes de que cualquier serie o película de Netflix, Amazon, Apple, Max, Disney, etc, pueda transmitirse, debe pasar por el censor oficial. Si a la agencia no le parece la película Emilia Pérez, Amazon no la podrá transmitir. No la he visto, pero es mi decisión, no la de un burócrata, fanático ideológico.
Le brinda el gobierno la facultad de supervisar la veracidad de la información y determinar que es información y que es opinión. ¿Cómo será? ¿Con el rigor con el que se permitió a Gatell mentir sistemáticamente sobre la pandemia y la cifra descomunal de muertos?
Crea una llave digital para trámites ante el gobierno, en donde estaremos obligados a entregar nuestros datos personales. ¿Con qué fin? ¿Quién los resguardará? ¿Cómo se protegerá nuestra privacidad?
El gobierno emitirá lineamientos para que los medios generen códigos de ética (art 228). ¿Con base en qué? ¿En las mañaneras? ¿En los principios de Morena? ¿En los códigos Segalmex o Birmex?
Pero también va contra la libertad de mercado y la libre competencia.
Restringe el tiempo en la que las empresas de medios venden publicidad (art 208) y permite que municipios y estados tengan sus medios sin pagar derechos, como sí se obliga a las empresas.
La Presidenta Sheinbaum se refirió a la polémica de un artículo. No es así. Son varios y todos peligrosos.
Minutos después propuso posponer la aprobación que hacían las y los senadores del oficialismo como pastores a Belén: presurosos.
Pero, antes, la ley se redactó. Se firmó. Se aprobó en comisiones. Ahí está el autoritarismo feroz en grado de tentativa.
Gabriel García Marqués recordó, en Memoria de mis Putas Tristes, la siniestra figura del censor. Le llamaba el abominable hombre de las nueve. La hora en la que, antes de correr las rotativas, llegaba el burócrata que determinaba qué se publicaba y qué no.
