De Política Alejandro Álvarez Manilla

El caso del Refugio Franciscano en Cuajimalpa ya no trata de animales. Trata de poder, de control del relato y de cómo una causa legítima puede ser utilizada como escudo para evadir responsabilidades incómodas.

Mientras el gobierno capitalino documenta con imágenes y peritajes oficiales un escenario de abandono, insalubridad y sufrimiento animal, un sector de ambientalistas decidió cambiar el eje de la discusión: no importa cómo vivían los perros y gatos, lo verdaderamente relevante —afirman— es que el predio es grande, está bien ubicado y, por tanto, el gobierno “quiere quedárselo”.

El argumento es tan grave como frágil.

Porque si esa acusación fuera cierta, implicaría una operación de despojo de alto nivel; pero si es falsa, entonces se estaría usando el sufrimiento animal como moneda política. Y hasta ahora, quienes acusan no han presentado pruebas documentales, planes urbanos, cambios de uso de suelo ni contratos inmobiliarios. Solo sospechas.

Sospechas que convenientemente desvían la atención de una pregunta central: ¿cómo se permitió que, durante años, un refugio operara en condiciones que hoy son calificadas por autoridades veterinarias como maltrato?

La defensa cerrada del Refugio Franciscano no es una defensa de los animales; es una defensa de un modelo opaco, sin supervisión y sin rendición de cuentas. Es el viejo problema de algunas causas convertidas en fe: quien cuestiona, ataca; quien fiscaliza, es enemigo.

Pero las fotografías no mienten. Los dictámenes tampoco. Animales enfermos, sobrepoblación, alimentos contaminados, medicamentos caducados, dolor no tratado y un entorno que dista mucho de cualquier estándar mínimo de bienestar. Frente a eso, la acusación de “ambición inmobiliaria” suena más a cortina de humo que a denuncia seria.

Eso no significa absolver al gobierno por anticipado. Si el predio termina con un destino distinto al bienestar animal, la responsabilidad política será enorme. Pero anticipar la culpa sin pruebas es tan irresponsable como haber permitido que los animales vivieran así.

Hay algo más inquietante en este episodio: durante años nadie protestó, nadie bloqueó avenidas ni firmó comunicados cuando los animales estaban ahí, invisibles. El escándalo estalla solo cuando el Estado interviene. No cuando el maltrato ocurre, sino cuando se exhibe.

El problema de fondo es estructural y nadie quiere enfrentarlo: en México existen refugios que funcionan como cajas negras, protegidos por el prestigio moral de la causa animalista, sin regulación efectiva y sin controles reales. Y cuando esa burbuja se rompe, la reacción no es la autocrítica, sino la teoría de la conspiración.

Defender animales no es defender territorios, ni personas, ni organizaciones a cualquier precio. Defender animales implica aceptar la supervisión, la ley y el escrutinio público. Lo demás es romanticismo selectivo.

Si el gobierno miente, que se pruebe. Si hay un proyecto oculto, que se documente. Pero mientras eso no ocurra, la discusión no puede girar en torno al valor del terreno, sino al valor de la vida que ahí se degradó durante años sin que nadie levantara la voz.

Porque al final, en esta disputa, los únicos que no tuvieron voz fueron los animales. Y usarlos ahora como coartada política es, quizá, la forma más cínica de traicionar la causa que se dice defender.