Más de seis meses después de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, aún se desconoce la identidad del oficial que disparó y mató a la alborotadora Ashli Babbit. Es inusual, según los expertos, que un oficial involucrado en un tiroteo permanezca en el anonimato durante tanto tiempo. Pero esa información tampoco es la única que la policía del Capitolio no está dispuesta, o no está obligada, a entregar al público.

A los grupos de vigilancia les preocupa que la falta de transparencia continúe en la policía del Capitolio en su recientemente anunciada expansión fuera de Washington, DC. El departamento reveló este mes que abrirá oficinas en California y Florida, con la posibilidad de más expansión en el futuro.

A diferencia de otras agencias de cumplimiento de la ley, la policía del Capitolio no está obligada a responder a los requerimientos de la Ley de Libertad de Información. Eso quiere decir que depende de la agencia revelar o no detalles de arrestos, información de su equipo de trabajo, quejas del público, informes del Inspector General, sus procedimientos y políticas o reportes de cómo gasta su presupuesto anual de más de 500 millones de dólares.

Eso convierte a la fuerza de dos mil elementos en la “agencia federal menos transparente” que Daniel Schuman, director de políticas de Demand Progress, un grupo de expertos con sede en Washington, DC, que aboga por políticas progresistas, dice que jamás ha visto.

Schuman dijo que su equipo ha pasado años investigando a la agencia antes del 6 de enero, y que estaba preocupado acerca de los planes de las oficinas satélite fuera de su jurisdicción inmediata.

“Debido a que son una agencia de la rama legislativa, no están bajo el requisito legal de divulgar la mayoría de sus documentos, y no lo hacen”, dijo Schuman a Zenger, y agregó que cuestionó qué vigilancia estaría implementada para las oficinas estatales de la policía del Capitolio. “¿Cómo controlar lo que está sucediendo en esas oficinas? ¿Cómo sabes que no es una farsa?”, dijo.

“No tienes el mismo tipo de mecanismos de protección que normalmente esperarías en una agencia de policía”, dijo Jonathan Smith, director ejecutivo del Comité de Abogados de Washington por los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos, que monitorea las quejas concernientes a la aplicación de la ley.

Las agencias federales de aplicación de la ley ya operan con más estado secreto que las autoridades locales, explicó Smith. Pero dijo que la policía del Capitolio lleva esta discreción a otro nivel.

Los grupos vigilantes de control no son los únicos que han expresado preocupaciones acerca de la agencia.

Después de los disturbios del 6 de enero, la agencia no hizo ninguna conferencia de prensa ni dio a conocer de inmediato su informe del Inspector General sobre los incidentes del día. Los representantes Tim Ryan (demócrata por Ohio) y Jaime Herrera Beutler (republicano por Washington) escribieron una declaración “para expresar su frustración por la indisposición [de la policía del Capitolio] de divulgar información al público o responder preguntas de los medios” con respecto a los disturbios.

La agencia también se ha enfrentado a otras controversias a lo largo de los años.

En 2013, Miriam Carey, higienista dental, fue asesinada a tiros por la policía del Capitolio y agentes del Servicio Secreto, con su hija de 13 meses en el automóvil, después de que ella encabezara una persecución policíaca cerca del Capitolio. El Departamento de Justicia nunca hizo públicos los resultados de una investigación.

Según los datos reportados por el mismo departamento de 2018 a 2020, la mitad de los 745 incidentes registrados que involucraron a oficiales fueron incidentes de tráfico, y el 14.2 por ciento estaban relacionados con drogas. Estos incidentes a menudo ocurrieron fuera del Capitolio, incluso en la cercana estación de tren Union Station.

Es ese tipo de misión insidiosa que Smith encuentra preocupante.

“Sabemos que no se quedan en su carril”, dijo Smith a Zenger.

Aunque lo ocurrido el 6 de enero fue una acción de grupos extremistas de derecha, Smith dijo que no hay restricciones para que el Capitolio dirija su atención a otros grupos desde sus nuevas ubicaciones.

“Se puede ver fácilmente que comienzan a vigilar a cualquiera que tenga una arma política contra el gobierno”, dijo, y señaló que podría incluir grupos no relacionados como Black Lives Matter. “Cosas que no tienen nada que ver con el Capitolio podrían cacharse en ese tipo de investigaciones”.

Mientras tanto, el mes pasado, el Subcomité de Asignaciones de la Cámara Legislativa aprobó un proyecto de ley fiscal 2022 de 4,800 millones de dólares, que aumentaría el presupuesto de la policía del Capitolio de 88.4 millones de dólares a 603.9 millones. Se produjo después de que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobara en mayo un paquete de financiamiento suplementario de mil 900 millones de dólares para proporcionar fondos de emergencia a la policía del Capitolio, después de que, según se informa, su presupuesto resultó afectado por los gastos y las horas extra acumuladas después del 6 de enero.

Incluso algunos demócratas expresaron su descontento por la rápida expansión de la agencia.

“El aumento de los fondos para las fuerzas del orden público no protege ni salvaguarda inherentemente el Capitolio o la comunidad circundante de DC”, dijeron los representantes Ilhan Omar (demócrata por Minnesota), Cori Bush (demócrata por Montana) de Ayanna Pressley (demócrata por Massachusetts), después de votar en contra del financiamiento suplementario que ahora se encuentra ante el Senado.

El Departamento de Defensa también aprobó recientemente una solicitud de la policía del Capitolio para ocho unidades de Sistemas de Vigilancia Persistente Terrestre Mediana (PSSG-M), utilizadas por los militares para vigilar grandes áreas mediante video de alta resolución y almacenar esos datos.

Se desconoce si la policía del Capitolio desplegará esta tecnología fuera de Washington, DC, pero la agencia no está obligada a informar al público si lo hace.

La policía del Capitolio no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios por parte de Zenger.

Sin embargo, Tim Barber, un portavoz de la agencia, ha dicho en entrevistas con los medios que él se imagina a su departamento con un modo de operar más parecido al Servicio Secreto, con un alcance nacional.

Carl Takei, abogado senior del Trone Center for Justice and Equality de la American Civil Liberties Union, señaló que otras agencias federales, como el FBI, ya tienen una presencia nacional bien desarrollada y el poder de investigar amenazas contra funcionarios.

“Esta expansión innecesaria sigue el mismo patrón que otras fallas importantes de las autoridades en la aplicación de la ley, en las que la respuesta de los funcionarios electos a menudo es emitir un cheque en blanco a la agencia sin garantías de que el dinero adicional o la función ampliada de esta es realmente necesaria”, dijo Takei a Zenger. “Y sin ninguna salvaguarda significativa o consideración para quienes pudieran resultar perjudicados por una agencia de aplicación de la ley que amplíe su mandato y su presencia”.

Traducción de Yerem Mújica; editado por Yerem Mújica y Melanie Slone