El Gobierno mexicano anunció este martes que celebrará un “ejercicio participativo” el 22 de enero de 2023 para preguntar a la población si desea mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para realizar tareas de seguridad pública.

“Se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo de 2028 participando en tareas de seguridad pública”, indicó Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en la conferencia de prensa diaria del Gobierno.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló que hará este ejercicio tras fracasar en el Senado, la semana pasada, una reforma constitucional que extendería hasta 2028 las facultades de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.

Aunque primero había prometido una consulta, el mandatario ahora lo llamó “ejercicio participativo” porque la Constitución prohíbe consultar a la población sobre temas de seguridad nacional y de las Fuerzas Armadas.

Además, la Secretaría de Gobernación (Segob) organizará la votación en lugar del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo encargado de las consultas.

“No va a ser vinculatorio, pero lo que nos importa es que se avance en la democracia participativa”, argumentó el presidente.

El secretario de Gobernación afirmó que instalarán al menos un “punto receptor de la opinión popular” en las 68.989 secciones electorales del país con apoyo de ciudadanos voluntarios, quienes también contabilizarán los resultados y los presentarán el 24 de enero.

El Gobierno hará tres preguntas, la primera será: “¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?”.

La siguiente será: “¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?”.

Y por último: “¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad pública?”.

Esto se celebrará mientras crece la polémica en México por las políticas de militarización de López Obrador, quien este septiembre promulgó una reforma legal que traslada al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que él prometió mantener civil al crearlo en 2019.

Un grupo de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió este martes que estas reformas “han sido impulsadas en detrimento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”.

Las consultas de López Obrador han causado controversia antes, como la que impulsó en 2018 para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o la de marzo de 2020 para frenar una planta cervecera de Constellation Brands en la norteña ciudad de Mexicali.

“En la democracia el pueblo manda y no puede ser ignorado”, defendió este martes.