Gobierno plantea multas a radio y tv por incumplir derechos de las audiencias; analiza incluir a prensa y plataformas digitales

El Gobierno de México pondrá a consulta pública el anteproyecto de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, una propuesta que contempla sanciones para concesionarios de radio y televisión que incumplan con estas disposiciones y que también abre el debate sobre la posible incorporación de la prensa escrita y las plataformas digitales a esta regulación.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que las multas serían aplicadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) únicamente como última instancia, cuando un medio ignore las recomendaciones emitidas por su defensoría de audiencias y persista en vulnerar los derechos de los usuarios.

“Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir. En casos extremos, cuando no se respeten los derechos de las audiencias, pueden imponerse multas y sanciones”, señaló la funcionaria.

¿Cuáles son los derechos de las audiencias?

Alcalde detalló que los lineamientos retoman los derechos establecidos en la legislación vigente, entre ellos:

  • Recibir información veraz y oportuna, evitando la difusión de información falsa, descontextualizada o de hechos pasados presentados como actuales.
  • Diferenciar claramente entre información y opinión, mediante avisos, plecas o mensajes que permitan a la audiencia identificar el tipo de contenido.
  • Distinguir la publicidad del contenido informativo, señalando de forma visible cuándo se trata de anuncios comerciales.
  • Garantizar el derecho de réplica, permitiendo a las personas solicitar la corrección de información falsa o inexacta que afecte su imagen.

Asimismo, indicó que todas las estaciones de radio y televisión deberán contar con un Código de Ética que incluya los derechos de las audiencias, los procedimientos para presentar quejas, criterios editoriales que respalden la veracidad de la información y los mecanismos para designar a las personas defensoras de las audiencias.

Consulta pública y procedimiento de sanción

El anteproyecto permanecerá en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto, periodo en el que ciudadanos, especialistas y representantes de la industria podrán presentar observaciones.

Las disposiciones serían obligatorias para concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, además de empresas programadoras.

El procedimiento iniciará cuando una persona presente una queja ante la defensoría de audiencias del medio de comunicación. Si la recomendación emitida por esa instancia no es atendida, el caso podrá escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la cual evaluará la imposición de sanciones.

“La responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”, reiteró Alcalde.

Sheinbaum abre debate sobre incluir prensa y plataformas digitales

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, por ahora, la iniciativa únicamente contempla a radio y televisión debido a que las facultades de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se limitan a esos sectores.

Sin embargo, adelantó que su administración analizará si la regulación debe ampliarse a la prensa escrita y a las plataformas digitales.

“Le preguntaba ahora a Pepe Merino porque, por ejemplo, la prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no. O las plataformas, que tampoco están en esta regulación; son temas que están a discusión de la sociedad”, afirmó la mandataria.

Finalmente, Luisa María Alcalde recordó que los derechos de las audiencias fueron incorporados a la Constitución en 2013, desarrollados en la legislación de 2014 y posteriormente eliminados mediante una reforma de 2017, la cual fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022.

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