El Gobierno mexicano indemnizará a las familias de los 10 mineros que quedaron atrapados hace casi un mes en una mina en Coahuila, en el norte del país, pero seguirá con el operativo de rescate, afirmó este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no solo lo convencional sino más, por la situación, no solo de agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente”, declaró en su rueda de prensa diaria.

Pese a la indemnización, el mandatario prometió que continuarán con el rescate aunque el derrumbe ocurrió el 3 de agosto, cuando la mina Pinabete en el municipio de Sabinas se inundó tras un derrumbe de una mina contigua abandonada, Conchas Norte.

Sus declaraciones contrastaron con las de varias hermanas de los mineros, que el lunes habían denunciado en declaraciones a medios que el Gobierno detendría las labores tras acordar con las esposas de los mineros una indemnización.

“Al mismo tiempo seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar, no se va a parar el rescate, no se ha parado, seguimos extrayendo agua de los pozos”, sostuvo López Obrador.

El presidente indicó que “ya se tiene un acuerdo con los familiares” y que este martes podría haber una reunión para suscribir un documento con ellos.

También expuso que podría haber un memorial, pero después del rescate de los mineros, a los que el Gobierno no se ha referido como fallecidos.

“Cuando rescatemos a los mineros, entonces ya hablaríamos del memorial”, expresó.

El derrumbe ha reactivado la polémica en México por la actuación de las mineras en la región carbonífera, en Coahuila, donde se han registrado más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería, de acuerdo con la Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de fallecidos en el derrumbe de 2006 en la mina del mismo nombre.

Las familias de los 10 mineros atrapados en Pinabete han denunciado condiciones de precariedad y han acusado al Gobierno de actuar tarde y lento en el rescate de los trabajadores.