El gobierno de México y los sectores empresarial y sindical firmaron el miércoles un acuerdo para iniciar “de inmediato” la regularización de trabajadores subcontratados y pidieron al Congreso aplazar a 2021 el debate de la iniciativa de ley del Ejecutivo que busca limitar drásticamente esta práctica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en noviembre una polémica reforma legal que busca prohibir la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a subcontratar personal bajo la figura del “outsourcing” y solo autorizarla en casos puntuales, generando malestar en la industria privada.

En el documento, del que informó Reuters el lunes, tras ver una versión preliminar, el Gobierno solicita “respetuosamente” al Congreso aplazar hasta febrero la discusión, a petición de los empresarios, quienes habían solicitado un mayor plazo para poder cumplir con los cambios y evitar penalizaciones.

En el convenio suscrito por los líderes de las máximas organizaciones empresariales y de los trabajadores, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), las partes se comprometieron a resolver el “abuso de la subcontratación de personal”.

“Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal”, dijo la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, al leer el documento en la conferencia presidencial diaria.

El acuerdo tripartito establece que el esquema de reparto de utilidades, obligatorio por ley en México, en el marco del proyecto legal presentado por el Ejecutivo “no ha quedado suficientemente definido”, por lo que se necesita tiempo para una discusión que permita un sistema “justo” y no discrecional.

“Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso”, dice el documento.

Retrasar el debate legislativo les dará mayor espacio a los patronos para adaptarse. No obstante, apenas se hizo la firma algunos gremios manifestaron su desacuerdo en un comunicado conjunto alegando que la iniciativa de ley busca coartar la libertad de la subcontratación y atenta contra la creación de empleos.