El Gobierno mexicano exhibió este lunes a más de una decena de funcionarios que perciben un sueldo mayor al del presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo que está prohibido por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que él reformó.

Ricardo Sheffield, procurador federal del consumidor, exhibió que mientras el presidente tiene un salario mensual neto de 136.700 pesos (unos 6.835 dólares), el consejero de la Judicatura Federal y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ganan más de 286.000 pesos (14.300 dólares).

Los ministros de la Suprema Corte, con una percepción mensual de 284.500 pesos (cerca de 14.225 dólares), también ganan más del doble que el presidente.

La lista la complementan la gobernadora del Banco de México (248.500 pesos o 12.425 dólares), el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) con 240.500 pesos (12.025 dólares), y el presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con 206.400 pesos (10.320 dólares).

También aparecen los presidentes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con 197.700 pesos mensuales (9.885 dólares), del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) con 151.300 pesos (7.565 dólares), y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con 149.700 pesos (7.485 dólares).

Por último, figuran el fiscal general de la república (146.600 pesos o 7.330 dólares) y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (141.100 pesos o 7.055 dólares).

El procurador señaló que el Banco de México, el INE, la Cofece, el IFT y el Inegi han presentado amparos para evitar cumplir con el artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

“Hay algunas instituciones que están amparadas y que con eso se excusan para no cumplir con una disposición que tiene ya la Constitución de nuestro país, la Constitución de México, en donde nadie debemos ganar más que el señor presidente”, mencionó en la conferencia diaria del Palacio Nacional.

Reducir los sueldos de los altos funcionarios del sector público fue una de las principales promesas de “austeridad republicana” que realizó López Obrador, quien impulsó la reforma legal para ello en noviembre de 2018, un mes antes de asumir la Presidencia.

La Suprema Corte invalidó la reforma en 2019 tras controversias constitucionales promovidas por la Cofece, el Banco de México y el INE, pero el Congreso aprobó una nueva con modificaciones en 2021.

Por ello, el presidente pidió al procurador del consumidor “que investigara sobre los que cobran más que el presidente porque se ampararon o no les importó lo que establece la Constitución”, según dijo este lunes.