Andrés Villegas, abogado del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, solicitó este jueves a un tribunal que anule su detención practicada dentro de la Embajada de México en Quito tras haber recibido asilo y ordene al Estado ecuatoriano entregar a Glas nuevamente a México o a un tercer país que se comprometa a darle también asilo. En la audiencia judicial del recurso de habeas corpus contra la detención de Glas, el abogado argumentó que la captura del exvicepresidente de Rafael Correa fue ilegal al no atenderse a ningún criterio reglamentado y arbitraria por haberse violado sus derechos humanos al privarle del asilo que le había otorgado. En ese sentido, el letrado pidió a la sala de la Corte Nacional de Justicia que evalúa el habeas corpus que sea puesto de nuevo en libertad y entregado a la misión diplomática más cercana, tras haber cerrado México su Embajada en Quito luego de los hechos, o una embajada de otro país que se comprometa también a acogerlo como asilado. Villegas pidió que el Gobierno exhiba la orden dada “por escrito” por el presidente Daniel Noboa para irrumpir a la fuerza en la sede diplomática de México y cuestionó que el informe policial sobre esta operación haya sido declarado “secreto” para que no se conozcan los detalles. El abogado señaló que “es evidente que no existió orden de allanamiento” contra la Embajada de México y que tampoco se le consultó previamente a la misión diplomática la posibilidad de realizar esa diligencia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para Villegas, la resolución judicial que legalizó la detención de Glas “tiene verdades a medias y una verdad a medias es igual a una mentira”, al señalar que no se reflejó en ese documento los presuntos actos de tortura que su defendido señala que fue víctima durante el procedimiento de captura. “No solo se violó el código penal (de Ecuador), sino también normas de derecho internacional universal y regional. Se violó el principio de inviolabilidad de misiones diplomáticas, y se llevaron bienes muebles como celulares y hasta una tableta electrónica de Jorge Glas”, señaló el abogado sobre los elementos incautados. Glas se ve respaldado como “perseguido político” En su intervención desde la cárcel, Glas indicó que fue golpeado por los policías que lo detuvieron, que le dislocaron dos dedos y que lo sacaron de la Embajada esposado y cargado con los brazos atrás, en “una posición de tortura” que incluso aseguró que estaba siendo transmitida “en vivo y en directo” sin conocer quién estaba al otro lado de la pantalla. Glas también señaló que el asilo otorgado por parte del Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es “un reconocimiento” de que es “un perseguido político”, lo que sostiene para declararse como inocente frente a los procesos judiciales y condenas en su contra. Por su parte, la jueza de Garantías Penitenciarias de la Corte Nacional de Justicia, Melissa Muñoz, recordó que en el momento que Glas ingresó a la Embajada de México no tenía orden de detención, la cual fue emitida después por encontrarse imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en el caso de la reconstrucción de Manabí, la provincia más afectada por el terremoto de 2016. Asimismo, precisó que Glas, que fue vicepresidente de Correa y al inicio de la administración de Lenín Moreno (2017-2021) debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años, producto de dos condenas por cohecho y asociación ilícita emitidas en años anteriores. Gobierno de Ecuador desconoce asilo De su lado, la ministra de Interior y Gobierno, Mónica Palencia, justificó la detención de Glas en que para el Ejecutivo ecuatoriano nunca hubo asilo para el exvicepresidente, pues la Convención de Asilo Diplomático sostiene que no puede otorgarse a quien esté procesado por delitos comunes. También descartó cualquier persecución hacia Glas, “que ha venido siendo procesado desde 2017, cuando Noboa aún no era presidente, y no por delitos políticos”. La detención de Glas llevó a México a romper relaciones con Ecuador y a denunciarlo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que ha sido violada tanto su soberanía como el derecho internacional.