La diputada Casandra Prisilla De los Santos Flores (PVEM) impulsa una iniciativa para establecer en el Código Nacional de Procedimientos Penales que el Ministerio Público aplicará de manera supletoria las medidas urgentes de protección previstas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuando se trate de delitos cometidos en contra de la niñez y adolescencia.

La propuesta de reforma a los artículos 109 y 137, turnada a la Comisión de Justicia, considera importante contar con un marco legal más riguroso, adecuado a las necesidades actuales que garantice una protección real y efectiva a las niñas, niños y adolescentes, adaptándose a las recomendaciones internacionales y a los principios constitucionales que sustentan los derechos de los menores.

Señala que a pesar de que el Código Penal Federal tipifica la violencia sexual como cualquier acto que implique la agresión o abuso hacia una persona sin su consentimiento, y establece penas severas para los agresores, aún existen vacíos legales y dificultades en la implementación de justicia efectiva que requieren modificaciones urgentes para adaptarse a los estándares internacionales de protección infantil.

Agrega que la reforma permitirá definir de manera precisa el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y garantizar que se cumplan con los principios de taxatividad, claridad normativa y respeto al interés superior de la infancia.

Además, se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con el objetivo de asegurar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de violencia, prejuicios y estereotipos.

De los Santos Flores argumenta que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es uno de los crímenes más devastadores y destructivos que afecta no solo la salud física y emocional de las víctimas, sino que también perpetúa un ciclo de desigualdad, trauma y exclusión que puede durar toda la vida.

Refiere que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los niños que han sufrido abuso sexual tienen una mayor probabilidad de desarrollar problemas de salud mental, de consumo de sustancias y otros trastornos psicosociales a lo largo de sus vidas.

En tanto, el Sistema de Información de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2022 reportó más de 11 mil casos de abuso sexual infantil en el país; no obstante, expertos aseguran que solo una fracción de estos casos son denunciados debido al miedo, la vergüenza y la falta de confianza en el sistema judicial.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que 70 por ciento de los casos de abuso sexual no se denuncian, lo cual refleja la magnitud oculta de este problema.

Subraya que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, especialmente niñas y adolescentes, con fines de explotación sexual y estima que miles de niñas y niños son abusados mediante el turismo sexual y la explotación en la industria del entretenimiento.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó en 2023 más de 6 mil llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, de las cuales un alto porcentaje involucró a menores de edad.

Ante este panorama, la diputada subraya que es fundamental tomar medidas efectivas para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia y abuso sexual en contra de la niñez y adolescencia.