Actualmente, 48 funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) perciben ingresos superiores al de la presidenta de la República. De aprobarse la reforma conocida como “plan B”, la reducción salarial no sólo afectaría a estos servidores públicos, sino que alcanzaría a un total de 277 cargos, desde consejeros electorales hasta subdirectores, debido a ajustes internos escalonados.

De acuerdo con un análisis de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) del INE, estas modificaciones representarían un ahorro anual aproximado de 94.1 millones de pesos en el gasto de nómina.

El documento señala que la imposición de un tope salarial implicaría cambios en la política de remuneraciones, incluyendo ajustes en tabuladores, compensaciones y percepciones adicionales.

Asimismo, se destaca una diferencia del 36.89% entre el sueldo bruto mensual de la consejera presidenta del INE, que asciende a 262 mil 634 pesos, y el de la titular del Ejecutivo federal, fijado en 191 mil 846 pesos.

Según el análisis, los 48 puestos que actualmente superan el salario presidencial están identificados en el Analítico de Plazas y Remuneraciones. Como parte del escenario planteado, se propone reducir el sueldo bruto mensual desde el nivel de consejeros electorales hasta subdirectores y cargos equivalentes, estableciendo un máximo de 190 mil 392 pesos para la presidencia del instituto.

Esta medida impactaría a personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, la rama administrativa y trabajadores por honorarios permanentes, generando una reducción estimada de 94 millones 192 mil 562 pesos en el presupuesto destinado a servicios personales para el ejercicio fiscal 2027.

El documento también contempla que los funcionarios afectados puedan recibir una compensación extraordinaria, por única ocasión, con el objetivo de cubrir la diferencia salarial derivada de los cambios en sus percepciones.

Por otra parte, en una revisión adicional se plantea mantener el llamado “bono electoral”, otorgado a trabajadores del INE durante procesos comiciales, como reconocimiento a la carga adicional de trabajo.

La iniciativa también propone eliminar prestaciones como seguros para funcionarios. Actualmente, el INE destina 628.1 millones de pesos al pago de primas a aseguradoras.

Entre estos beneficios se encuentra el seguro de gastos médicos mayores, con vigencia del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026, cuyo presupuesto asciende a 161.5 millones de pesos y contempla cláusulas de terminación anticipada.

Asimismo, se plantea eliminar el seguro colectivo de accidentes para prestadores de servicios por honorarios, con un costo de 1.6 millones de pesos, así como el seguro de vida para este mismo grupo, que representa un gasto de 5.6 millones.