, ¿orden garantizado? De Política Alejandro Álvarez Manilla La Ciudad de México carga desde hace décadas con un desorden crónico en su espacio público. En un extremo, los franeleros o “dueños de la calle” convirtieron banquetas y avenidas en negocios particulares; en el otro, la irrupción de scooters y bicicletas eléctricas llegó con la bandera […]
Publicado por Redacción MH
, ¿orden garantizado?
De Política Alejandro Álvarez Manilla
La Ciudad de México carga desde hace décadas con un desorden crónico en su espacio público. En un extremo, los franeleros o “dueños de la calle” convirtieron banquetas y avenidas en negocios particulares; en el otro, la irrupción de scooters y bicicletas eléctricas llegó con la bandera de la movilidad sustentable, pero sin reglas claras de operación. Ambos fenómenos tienen un punto en común: la incapacidad del Estado para garantizar orden y legalidad en la vía pública.
El Congreso capitalino ya aprobó la regulación. Sobre el papel, se establecen lineamientos para controlar a quienes lucran con cajones de estacionamiento y también para ordenar el uso de vehículos eléctricos ligeros. Sin embargo, la verdadera pregunta es si esas leyes se traducirán en cambios reales en la calle o si serán un nuevo catálogo de buenas intenciones archivado en la burocracia.
El caso de los franeleros: la privatización tolerada
Los franeleros no son simples trabajadores informales: son parte de una estructura que durante años operó con la complicidad de autoridades que miraban hacia otro lado. Regularlos implica reconocer que el Estado permitió, por omisión, la privatización de un bien común. Ahora que existe un marco legal, lo mínimo que se exige es firmeza para aplicarlo. De nada servirá aprobar sanciones si la policía no interviene o si los propios funcionarios municipales negocian con estos grupos.
Scooters y bicicletas eléctricas: de la modernidad al caos
Los scooters y bicicletas eléctricas fueron recibidos como símbolo de modernidad. Pero la falta de control derivó en banquetas invadidas, unidades tiradas en cualquier esquina y usuarios circulando sin responsabilidad. La regulación aprobada establece condiciones de operación y zonas autorizadas, pero de nuevo el reto está en la aplicación. ¿Habrá supervisión real o las empresas seguirán operando como les plazca bajo el discurso de la “innovación”?
La batalla por el espacio público
La regulación es un avance, sí, pero no garantiza nada por sí misma. Lo que está en juego es más que estacionamientos o scooters: es la disputa por el espacio público. Y ese terreno no puede seguir siendo rehén ni de la informalidad tolerada ni de la anarquía tecnológica.
La ciudadanía tiene derecho a calles ordenadas, seguras y accesibles. Pero ese derecho sólo se hará realidad si las autoridades aplican la ley sin titubeos, sin pactos bajo la mesa y sin ceder a la presión de intereses económicos o clientelares.
El Congreso ya cumplió con aprobar las reglas. Ahora toca a la administración capitalina demostrar que gobierna para la gente y no para los franeleros ni para las empresas de movilidad que han hecho de la ciudad un caos disfrazado de modernidad.
